¿Gajes del oficio?

Zona de Tolerancia



Rodrigo Vidal

Cuando propusieron incrementar la pena para secuestradores como una medida para contrarrestar el incremento en el número de secuestros en el país, la calificaron de ser una medida populista para acallar los reclamos de familiares de personas secuestradas, pero que no disminuiría en nada el delito.

Le atinaron. El incremento de las penas no puso a temblar al crimen organizado ni le preocupó siquiera… al contrario, la industria del secuestro se diversificó y de los grandes empresarios pasaron a llevarse a políticos prominentes (lease Jefe Diego), y también a los inmigrantes centroamericanos, con los resultados que hoy todos sabemos.

La semana anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer que incrementó a 15 el número de agresiones contra medios de comunicación con la detonación de un vehículo frente a Televisa en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por lo que propuso “concretar acciones conjuntas entre autoridades e informadores que garanticen y protejan el trabajo periodístico”.

Ayer, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, consideró “necesario que México cuente con un marco jurídico que eleve a categoría federal los delitos cometidos contra periodistas”. Según el comunicado del organismo “se requiere introducir una regulación clara en los códigos en materia penal que de certidumbre al gremio periodístico de que la libertad de expresión y de prensa en México no se encuentran sujetas a limitación alguna”.

Cito: “hay que evitar que esas averiguaciones previas se queden en los archivos y garantizar que puedan avanzar para castigar a los responsables, porque los niveles de impunidad en nuestro país son mayores al 98 por ciento, no se terminan las averiguaciones y esto favorece a los delincuentes”.

Como periodista quiero decir que el combate a la impunidad debe beneficiar parejo a todos los ciudadanos, pues el rezago ministerial ocurre en todas las agencias del Ministerio Público, tanto del fuero común como del federal.

También el ombudsman señaló que es fundamental que se defina quién se hará responsable de la llamada alerta de protección para periodistas, es decir ¿ahora quién podrá defendernos? (creí que era el Estado), para “dar atención inmediata de custodia, protección de la identidad o bien de información legal y atención jurídica y de apoyo institucional, en el momento preciso en que lo requiera el comunicador”.

Tomando en cuenta la cantidad de periodistas asesinados y desparecidos desde el año 2000 (64 muertes de comunicadores y 12 desapariciones), si urge en México garantizar el ejercicio periodístico, pero elevar a categoría federal los delitos cometidos contra periodistas creyendo que esa es la solución de nuevo resulta un error.

El Gobierno Federal ha dado muestras de anteponer muchos intereses por “salvar” la relación con varios gobiernos de estados donde la persecución de comunicadores es un ejercicio común.

Muchas de las agresiones, y que no se denuncian, provienen también de los gobiernos estatales. Los obstáculos al ejercicio periodístico son parte de la política de gobernadores para garantizar su permanencia en el poder sin una prensa crítica que le señale errores y abusos (ahí te hablan Fidel).

El Estado se convierte pues, en cómplice de lo que daña al periodismo, ¿entonces cómo pedirle que sea vigilante de los derechos de los comunicadores?

Efectivamente, como lo plantea la CNDH, hay que evitar que las averiguaciones previas –de todas las denuncias en el país- no queden en el archivo, no sólo la de agresiones a periodistas. La solución para unos tiene que ser la solución para todos.

También urge que las “recomendaciones” de la CNDH dejen de serlo y se conviertan en instrumento sancionador para los que incurran, pues las autoridades se han vuelto cómplices (y en ocasiones autores) de los agresores de periodistas.

Urge reformar y renovar el sistema de impartición de justicia en el país, que salgan los jueces, agentes del ministerio público, secretarios, policías corruptos de las corporaciones. Que pague, quien tenga que pagar por el nivel de impunidad que vivimos en el país.

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