Rodrigo Vidal
Detrás de la lucha contra el crimen organizado, el Gobierno Federal mantiene una persecución activa en contra de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y sus activistas. Desde hace cuatro años diversas ONG's lo han denunciado.
El gobierno intenta involucrar a varios de los activistas con organizaciones subversivas y con la delincuencia organizada. Hasta hace unos días las asociaciones civiles denunciaban casos de acoso y hasta atentados donde quedaba evidente que se trataba de un ataque directo a los luchadores sociales, pero con pocos elementos de pruebas… hasta ahora.
En estos documentos se intenta asociar a actividades de delincuencia organizada a varios activistas y con ello justificar acciones de represión. En los documentos de la Sedena y el Cisen, se detallan las tareas de espionaje, vigilancia a integrantes de organizaciones civiles y de persecución. Uno de los informes se titula “Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza” y pretende justificar la existencia de una “red subversiva”, la cual estaría planificando “actos de desestabilización para el 2010”, y en cuyo eje expone al párroco católico de Venustiano Carranza y miembro del Consejo Directivo del Frayba, José de Jesús Landín García.
Otro de los documentos es la Ficha Técnica de José Manuel Hernández Martínez (a) el Chema Ratón, “en éste se crea una línea discursiva que pretende asociar el activismo político de distintas personas con acciones propias de “la delincuencia organizada” de tal modo que se hace una lectura ‘beligerante’ de acciones civiles y pacificas que involucran a comunidades”.
Y en un tercer documento, titulado Grupos subversivos y delictivos con presencia en Chiapas, por la lectura y caracterización que se hace en el documento de manera unitaria se pretende asociar a todo grupo y organizaciones bajo el mismo criterio de delincuentes.
Aunque los documentos son una prueba del incremento de las acciones de vigilancia y hostigamiento hacia los defensores de los derechos humanos en el estado de Chiapas, el fenómeno se extiende a toda la república, y Veracruz no queda excluido de ello.
Fueron precisamente organizaciones civiles, nacionales e internacionales -y que hoy el gobierno persigue-, los que denunciaron los abusos que se cometen en contra de inmigrantes centroamericanos, principalmente por grupos de sicarios relacionados con la delincuencia organizada.
Por eso la noticia del hallazgo de 72 personas asesinadas en Tamaulipas evidencia la incapacidad de atender los reclamos de organizaciones sociales ante la serie de violaciones a los derechos humanos que se comenten en el país, contra mexicanos como a extranjeros.
Hoy, el Estado mexicano debe responder con capacidad a los abusos cometidos contra los indocumentados, que en seis meses de 2009 fueron más de 10 mil casos de centroamericanos secuestrados, según la CNDH.
También urge un cese al hostigamiento hacia las organizaciones civiles que, ante la escasa respuesta de la CNDH a las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país, se dedican a dar registro y seguimiento de los casos, y presentar las quejas en instancias internacionales.
PAN vs mujeres
Y de nuevo llega al Congreso del Estado una iniciativa para penalizar el aborto en Veracruz, y esta vez corre a cargo de la bancada del PAN, que presentó una propuesta de reforma al Artículo cuarto de la Constitución local para “garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte”.
La pasada iniciativa, presentada entonces por el PRI, no prosperó. Pero tampoco olvidemos que el gobernador Fidel Herrera presentó una iniciativa ante el Congreso federal para reformar la Constitución Mexicana y aplicar el concepto de garantizar el derecho a la vida desde la concepción en todo el país, con la intensión de invalidar la ley que permitió aumentar las causales para la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal.
Los grupos ultraconservadores no descansan. Comentarios, quejas y sugerencias, dejar aquí y en Twitter: @ZonaDtolerancia.
