Caridad vs derechos

Zona de Tolerancia



Rodrigo Vidal

Los gobiernos mantienen aún la idea del asistencialismo al diseñar los programas de “ayuda” a personas con discapacidad y olvidan que su obligación es garantizarles derechos.

Esta política de la caridad, lejos de contribuir al desarrollo y mejorar la calidad de vida de los que tienen alguna discapacidad, funciona como una especie de cortina de humo que oculta la verdadera falta del Estado en contra de este sector de la población.

Las autoridades se libran de su obligación de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y para simular que existe un compromiso con ellos, los mantienen en programas permanentes de asistencia.

Eso ocurre en todo el país, aún cuando estados como Jalisco muestran un avance en la generación de una cultura incluyente a través del diseño y cumplimiento de políticas públicas que benefician a los discapacitados, sin embargo quedan materias pendientes.

El caso de Veracruz es un ejemplo de ello. En la actual administración se crearon dos leyes para la inclusión de personas con discapacidad, la primera, la Ley número 222 quedó abrogada con la publicación de la actual Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad, publicada en febrero del presente año y que carece aún de su reglamento.

La primera tuvo un periodo de vida de cinco años infructuosos, pues nunca se respetó y existe temor porque la actual tenga el mismo destino. En cambio, la entrega masiva de sillas de ruedas, muletas y bastones se mantiene como elemento de inspiración fotográfica altamente explotable.

Con el aumento de los centros de rehabilitación para personas con discapacidad en Veracruz, debieron generarse las condiciones para que las personas con alguna discapacidad, que lograran mejorar su condición mediante la rehabilitación, encontraran el ambiente adecuado en la sociedad para poder integrarse, ya sea en la escuela, el trabajo o en diversas actividades deportivas y de recreación.

De acuerdo con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS), el 30 por ciento de la población con alguna discapacidad no puede integrarse, por su grado de discapacidad, no puede integrarse a escuelas regulares, sin embargo, el 70 por ciento restante si tendría la posibilidad de hacerlo, pero el sistema educativo no está preparado para recibirlos.

La educación en México es un derecho y muchos niños con discapacidad no tienen acceso a ella, pero si los vemos en las fotos o en comerciales asistencialistas o que explotan su imagen para la obtención de recursos.
En el caso del acceso a instalaciones educativas, el CONADIS y la SEP trabajan en la identificación de 200 planteles en todo el país para adecuarlos con la finalidad de recibir a niños con alguna discapacidad como alumnos regulares.
Pero el esfuerzo debe ser mayor y para ello, es momento de dejar de usar a los discapacitados para inspirar lástima y justificar socialmente el asistentencialismo como la “ayuda” que ellos requieren.

EN LA MESA DEL RINCÓN
¿Por qué Edda Arrez Rebolledo, la nueva titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres no tuvo empacho en admitir su priismo pero se negó a opinar sobre la iniciativa panista para reformar el artículo IV de la Constitución local que afectaría a las mujeres al negarles el derecho a abortar? No vaya a ser que Veracruz se guanajuatice.

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