martes, 19 de octubre de 2010

En busca de la discapacidad

Zona de Tolerancia



Rodrigo Vidal

Por increíble que resulte, en el país es difícil identificar a toda la población que posee alguna discapacidad, por lo que, los registros sobre las características de las discapacidades y sus localizaciones geográficas resultan incompletos, situación que influye en el desarrollo de programas y acciones oficiales, por supuesto, también incompletos.

Y si ha resultado difícil saber cuántas personas con discapacidad hay en México, no es por otra cosa que por falta de voluntad, algo que puede cambiar a partir del próximo año.

El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) anunció que para el próximo año pondrá en marcha el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, obligación que el país adquirió en las convenciones Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Interamericana para Eliminar todas las formas de Discriminación, donde se plantea que los estados “deberán adoptar medidas legislativas, sociales, educativas y laborales para erradicar la discriminación y que permitan la plena inclusión a la sociedad de este sector de la población”.

El anuncio del Conadis se hizo en el marco de la VII Cumbre del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil (CLARCIEV), en donde cada año se reúnen las instituciones de registro civil de América Latina con el objetivo de intercambiar experiencias en materia de registro e identificación de personas.

En esta cumbre denominada “Estrategias para Garantizar el Derecho a la Identidad de Personas en Situación de Vulnerabilidad”, se planteó que los proyectos de registro que se están realizando deberán contar con elementos de inclusión y la accesibilidad total, que son características esenciales para cumplir con el derecho a la identidad que tienen todas las personas, con y sin discapacidad.

Ahí se recordó a las autoridades de todos los niveles de gobierno su responsabilidad para buscar instrumentos efectivo, que llegue a las regiones apartadas del país para que se haga un verdadero conteo y se puedan detectar las necesidades de esta población, pues, como en muchos otros casos, son los discapacitados de las zonas más apartadas donde imperan condiciones de pobreza extrema, quienes enfrentan las peores condiciones para su desarrollo.

Y ante esto, el Conadis advirtió que “no solo será un instrumento de captura de datos, sino que buscará ser un elemento clave que sirva como plataforma de gestión para tener acceso a algunos servicios que ofrece la administración pública”, y por supuesto que seremos muchos los que estaremos al pendiente de que esto ocurra.

Este anuncio se realiza 10 días después de la firma del Acuerdo Nacional por los Derechos Políticos de las Personas con Discapacidad, donde los partidos políticos del país se comprometen a favorecer la inclusión de este sector de la población en la vida política.

Fue a principios de octubre cuando acordaron: aprobar reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y normatividad en la materia, con base en lo dispuesto por el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas financieras necesarias para que el Instituto Federal Electoral las implemente en el proceso electoral federal del año 2012.

Estas reformas deberán estar listas en julio del próximo año, tres meses antes de que arranque el proceso electoral del 2012.

Los Partidos políticos nacionales, en un plazo no mayor de un año, reformarán sus Documentos Básicos a fin de garantizar a militantes con discapacidad sus derechos, desarrollo político y acciones afirmativas o mecanismos que definan una cuota como candidatos a cargos de elección popular en condiciones de igualdad y equidad de género.

Si bien se trata de instrumentos legales, lo más importante será mantenernos vigilantes y partícipes para exigir su cumplimiento y no tengan el mismo destino que la mayoría de las normas en la legislación mexicana: el olvido.

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Slow Food vs Fast Food, la lucha por el bien comer

Rodrigo Vidal



Xalapa

La salida para un planeta sustentable es volver al consumo de productos locales y artesanales, que permitan a la población obtener alimentos a más bajo costo, libre de elementos contaminantes y salvaguardando la biodiversidad de las regiones.

De acuerdo con Silvia del Amo Rodríguez, directora del Centro de Investigaciones Tropicales (Citro) de la Universidad Veracruzana, la tendencia mundial por el consumo de comida rápida o fast food también contribuye a la aceleración del calentamiento global.

Por ello propuso retomar la propuesta del italiano Carlo Petrini, creador del movimiento Slow Food, que al contrario del consumo de comida rápida invita a consumir alimentos no procesados, libres de conservadores y agentes contaminantes, y a disfrutar del placer y gusto por consumir alimentos.

Mediante el esquema denominado Casas de la Buena Alimentación (CABA), Silvia del Amo establece que el conocimiento de la buena alimentación en las personas no debe ser privativo de los médicos ni de los nutriólogos, “no se requiere de ellos”, pues basta con consumir los productos que se generan en la localidad “basados en el respeto del ritmo y tiempo natural del ambiente”.

Para ella, la alimentación va más allá de la acción de comer o tragar, por lo que rechaza todos los productos que existen en el mercado que fomentan la comida rápida. Explica que “la alimentación es un acto personal y hay que retomarlo como tal”, por eso no debe depender de lo que las trasnacionales o empresas de alimentos procesados impongan como un canon de comida general.

“Me gusta la globalización, pero hay que saber tomar decisiones” en lo que a comida se refiere, “no hay que poner en manos de terceros nuestra alimentación”. En ese sentido, una CABA permitiría en primer término promover la práctica de una calidad de vida distinta, basada en el consumo de alimentos generados por productores locales.

Es mejor la compra de alimentos en los mercados que en los centros comerciales, porque con ello, se apoya a los productores locales, se fomenta el empleo rural, se mantiene la diversificación productiva, se reviven los mercados locales, se otorga dignidad a las culturas indígenas responsables de estos cultivos, se salvaguarda la diversidad y se mejora la alimentación.

Insistió que no se trata de un planteamiento que dependa de la voluntad gubernamental, sino de un movimiento que surja de la sociedad civil organizada, que de valor a lo que los productores mexicanos cultivan, “un movimiento que se de desde abajo hacia arriba”.

Al consumir los productos locales, también se genera menos basura, pues los consumidores evitan los empaques de los productos procesados, será más fácil procesar los desechos, al ser únicamente elementos orgánicos que se pueden transformar en abono.

En el caso de Veracruz, recordó que durante todo el año hay disponibilidad de cultivos variados, que si se incluyen en la alimentación diaria de las personas, no habría ni problemas de obesidad ni desnutrición.

Cambio climático arriesga la seguridad alimentaria

Si los Estados no siguen una política de cuidado de la biodiversidad y de adaptación de los cultivos al cambio climático, sobrevendrá una "catástrofe": Manuel Jiménez

Rodrigo Vidal

Xalapa

Aquellos gobiernos que no adecuen la vocación del uso de suelo considerando los efectos del cambio climático sobre los cultivos, corren el riesgo de enfrentar una caída en la producción y una crisis alimentaria.

De acuerdo con Manuel Jiménez, miembro del Foro de Aplicaciones de los Pronósticos del Clima a la Seguridad Alimentaria y Nutrición en Centro América, en Costa Rica, mediante el análisis de los pronósticos sobre el calentamiento global es posible gestionar los riesgos en materia de seguridad alimentaria para cada región.

Siguiendo una política de cuidado de la biodiversidad y de adaptación de los cultivos al cambio climático, los gobiernos podrán garantizar niveles de producción de alimentos adecuados para su población, de lo contrario “eso sería una catástrofe”.

“Se debe tener en cuenta que el cambio climático es una realidad y hay que hacer un esfuerzo por evitar que sea mayor, produciendo menos de gases de efecto invernadero y una cosa que es importante es vigilar el proceso de adaptación de los cultivos y cuidar la biodiversidad, y para lograrlo se pueden tener diferentes opciones”.

Para ello propuso promover la investigación y el desarrollo tecnológico que permita ir adelantándose a supuestos escenarios que podrían presentarse con temperaturas más extremas, de acuerdo a las características de cada ecosistema en los diferentes países.

En es sentido, algunas opciones que podrían resultar de este análisis es la rotación de las áreas de cultivo, cambiar los tipos de cultivo o haciendo más resistentes los cultivos en aquellas zonas agrícolas que manifiesten un mayor impacto por el cambio climático.

Manuel Jiménez, quien ofreció la conferencia “Aplicación de los pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en la seguridad alimentara y nutrición” en el IV Foro Nacional para la Seguridad Alimentaria, dijo que ya existen varios modelos científicos capaces de visualizar cómo puede ser el comportamiento del clima y prever el impacto en áreas como la agricultura.

Los Estados se deben preparar para esos escenarios mediante acciones de previsión y mitigación de los efectos del cambio climático, y estar concientes que hay dos momentos para actuar: uno mediante los planes de contingencia para atender los casos de emergencia, y otro mediante los planes de previsión a largo plazo, con el uso de tecnología.

Sobre todo porque algunas actividades podrían desaparecer de algunas zonas pero también para algunos productos quizá sea benéfico, en un corto plazo, un cambio en el comportamiento del clima, y todo eso deberá preverse.

“Hay que hacer uso de los recursos naturales y proteger la biodiversidad, en gran medida ahí puede estar parte de las soluciones”, dijo el investigador costarricense.

Saber por ejemplo, que los efectos del cambio climático pueden ser más devastadores para zonas tropicales y adelantarse a esos escenarios puede evitar un gasto mayor para los gobiernos. Todavía las posibilidades de mantener cultivos ante el comportamiento del clima son muy amplias.

Lo contrario, son los riesgos de incremento de plagas, caída en la producción agrícola, aumento de vectores que transmiten enfermedades a los animales y las personas, “pero se puede hacer mucho para que eso no ocurra”.

Alimentación, mujeres y pobreza

Zona de Tolerancia



Rodrigo Vidal
Ser mujer significa estar en situación de mayor vulnerabilidad ante los fenómenos de pobreza e inseguridad alimentaria, escenario que empeora en las regiones rurales. Este fin de semana se conmemoran el Día Mundial de la Mujer Rural (ayer, 15 de octubre), Día Mundial de la Alimentación (16) y Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre).

Resulta preocupante que la marginación y la falta de acceso a la alimentación, sean fenómenos donde las mujeres se encuentran más vulnerables. No se si fue a propósito establecer estas efemérides de manera consecutiva, una tras otra, pero es increíble saber que año tras año, a pesar de las acciones anunciadas por los distintos gobiernos del mundo, las cifras no disminuyan, y lo que es peor, los indicadores de pobreza aumenten.

La promulgación del 15 de octubre como el Día Mundial de la Mujer Rural, surgió en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada por la ONU en Pekín en septiembre de 1995, como resultado de las propuestas de la Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA), la Red de Asociaciones de Mujeres Campesinas Africanas (NARWA) y la Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres (FCMM).

Se hizo para reconocer a nivel mundial los múltiples roles que juegan las mujeres productoras, campesinas y obreras agrícolas en la economía y la sociedad en general, pues los diversos análisis y estadísticas confirman que la mayoría de los pobres del mundo son las mujeres rurales. Según las Naciones Unidas, a nivel mundial, de más de 550 millones de pobres de zonas rurales, el 70 por ciento son mujeres y en América Latina y el Caribe las mujeres rurales son más de 86 millones, de las cuales el 50 por ciento viven en extrema pobreza.

Pobreza, alimentación y ser mujer van de la mano. En medio de este panorama, las mujeres del campo buscan como alimentar a sus familias, por lo regular crían niños hambrientos.

Es urgente la necesidad de establecer políticas integrales con sentido de género para combatir la pobreza y el hambre en las poblaciones rurales, pues es principio del cinturón de miseria que crece cada día más en las ciudades.

La situación de estas mujeres empeora con la migración a las ciudades, pues mientras se encuentran en las zonas rurales, muchas de ellas participan de actividades agrícolas a nivel de siembra de traspatio o pequeñas parcelas, con lo cual obtienen algo de alimento para sus hijos, situación que no pueden repetir en las zonas urbanas.

Las acciones que dejen de hacer los gobiernos en los estados y el país, aunadas a las condiciones de más pobreza que generará el cambio climático, ensombrece más el panorama para las millones de mujeres que se encuentran en este contexto.


Derechos ¿a consulta?

La definición de los Derechos Humanos dice: son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.

Inherentes significa que son inseparables, son esos “privilegios” –por llamarlo de algún modo- de los cuales debe gozar todo ser humano, sin distinción alguna.

En este sentido, el artículo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “todo individuo gozará de las garantías que otorga esta

Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”, además “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Bajo estos principios, entre otros argumentos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio su visto bueno y declaró constitucionales los matrimonios entre personas homosexuales, así como la posibilidad de que adopten.

Ergo no me queda claro cómo la diputada local electa del PRD, Brenda Abigail Reyes, propone que para hacer una reforma similar a la aprobada en el Distrito Federal en materia de reconocimiento de los derechos de las persona homosexuales en el estado de Veracruz, sea necesario una consulta pública para preguntarle “a todo el pueblo” su sentir.

Es de temerse el nivel de ignorancia y de visión cerrada que presentan algunos de los diputados que integrarán la próxima Legislatura ¡Ay nanita!

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Enfrentan 83 % de veracruzanos "vulnerabilidad por carencia social" y pobreza

La mitad de la población de Veracruz, en pobreza multidimensional: Coneval

Rodrigo Vidal



Xalapa

El cambio climático pone en riesgo la vulnerabilidad alimentaria del país, principalmente en estados como Veracruz, donde se registra un alto grado de rezago social, pues el 83 por ciento de su población se encuentra en situación de “vulnerabilidad por carencia social” y pobreza multidimensional.

De acuerdo con el documento “Evolución de la Pobreza y Rezago Social para el Estado de Veracruz”, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 50.7 por ciento de la población veracruzana se encuentra en condición de pobreza multidimensional (de patrimonio, capacidades y alimentaria), extrema y moderada.

Un 33.2 por ciento cuenta con más de 2.3 carencias: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y acceso a la vivienda, accesos a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.

En el indicador de acceso a la alimentación, el 25.4 por ciento de los veracruzanos (1.84 millones), presenta carencias alimentarias, por lo que Veracruz se ubica por arriba de la media nacional que es de 21.6 por ciento.

Durante el IV Foro Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que organizó la Universidad Veracruzana a través de la Facultad de Nutrición, María del Rocío Peinador Roldán, directora de Normas y Métodos de Medición de la Pobreza del Coneval, presentó los indicadores de pobreza en el país y en el estado de Veracruz.

Explicó que una persona se considera en situación de pobreza multidimensional cuando presenta al menos una carencia social y no tiene ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades.

En ese sentido, se estima que en México 23.1 millones de personas, es decir, el 21.6 por ciento de la población total, tenían carencia por acceso a la alimentación. De éstas, 16.6 millones vivían en condición de pobreza multidimensional, de las cuales 6.2 millones vivían en pobreza multidimensional extrema.

En Veracruz, 1.14 millones de persona viven en situación de pobreza multidimensional extrema (15.7 por ciento), y 2.57 millones en pobreza multidimensional “moderada” (35 por ciento). Sólo el 13 por ciento de la población (0.94 millones), se encuentra en una situación de bienestar, sin carencias y con un nivel adecuado de bienestar económico.

El grado de rezago social es muy alto en las poblaciones indígenas, donde el 75.7 por ciento de las personas que se encuentran en situación de pobreza multidimensional. También ahí se concentran las carencias en el acceso a la alimentación.

Cuando las condiciones de pobreza y carencias sociales comienzan a incidir en la alimentación de las personas, se tiene identificados tres etapas: primero ansiedad y preocupación, posteriormente la disminución de la calidad de alimentos, luego la reducción en la cantidad de alimentos y de ahí pasa a “prácticas inaceptables”, como delinquir.



Tendencias desfavorables

Tomando en consideración los indicadores de pobreza en el país y en el estado, y los pronósticos sobre el cambio climático para las distintas regiones de Veracruz, el panorama sobre la situación alimentaria y el impacto social no resultan favorables.

El tema del IV Foro Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional tuvo como tema este año El Cambio Climático y la Seguridad Alimentaria y Nutricional”.

Al respecto, Víctor Magaña Rueda, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, comentó que el cambio climático “pone en riesgo nuestra vulnerabilidad alimentaria, porque de por sí somos un país que importa muchos de sus alimentos y con cambio climático la productividad podría disminuir sensiblemente y hacernos mas dependientes”.

En primer término, el investigador, quien presentó la ponencia “Las evidencias científicas del cambio climático”, dijo que el reto del Estado es proponer acciones para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, “que sea autosuficiente y menos vulnerable, aún bajo las variaciones que normalmente se presentan”, pero en ese sentido en México “todavía falta mucho por hacer”.

“El problema en el país es que no hemos centrado aquella estrategia de sustentabilidad que hemos pregonado por años, y de manera muy simple, la sustentabilidad tendría que ver con equilibrar lo económico, lo social y lo ambiental, para que esté en el mismo nivel, y todos sabemos que en el país no ocurre de esa manera, lo económico, lo macroeconómico, siempre aparece como prioridad seguido lejanamente por lo social y mucho mas lejanamente por lo ambiental”

De esta manera, “mientras tengamos ese desequilibrio en prioridades no vamos a poder aspirar a un desarrollo sustentable y los desastres van a ser más recurrentes y cada desastre va a generar más pobreza, y vamos a seguir en el círculo vicioso en el que el país no ha podido salir”.

En cuestión alimentaria, al dar prioridad al aspecto económico, los alimentos se rigen por la política de la oferta y la demanda, arriesgando el acceso a este derecho a los sectores más pobres, algo que deben regular los Estados.

“El mercado se regula en gran media por la oferta y la demanda y no podemos dejar que en cuestiones de seguridad nacional, como es la alimentación para la sociedad, se pueda dejar en situaciones de crisis a este libre mercado porque la experiencia es que, después del desastre los abusos aparecen con mucho más regularidad, tendríamos que considerar consecuencias de los desastres en ese sentido”.

Sin embargo, los sistemas actuales de producción de alimentos también contribuyen al fenómeno del calentamiento global, debido a la tala inmoderada de bosques y selvas. Esta vocación equívoca del uso del suelo requiere ser modificada.

“El mantener un bosque o mantener cierto ecosistema ¿qué beneficios le trae a la sociedad, cuántos beneficios traería convertirlo a agricultura? cuando se hace el balance el valor de los ecosistemas es enorme”, pero aclara que eso no significa que se deje de hacer agricultura.

“Lo que quiere decir es que, hay que definir dónde es más conveniente de realizar la agricultura, lo conveniente que es mantener los ecosistemas y aprender a valorarlos como parte de la riqueza que tomen los Estados, de otra manera vamos a estar pagando por los servicios que nos proporcionaban los ecosistemas”.



Alimentos para la gente

Junto a los problemas por el cambio en la temperatura que altera las temporadas de siembra y cosecha de alimentos, se suma el de la carrera por la producción de bio combustible con cereales de consumo humano, la crisis económica y el incremento en los precios de los alimentos.

María del Carmen Culebro Trejo, representante adjunta de la FAO en México, comentó que en el mundo existen 925 millones de personas desnutridas o hambrientas debido al aumento de los precios en los alimentos y la crisis económica mundial, al participar en la inauguración del Foro.

Considera que para el año 2050, la población mundial requerirá de un 70 por ciento más de alimentos de los que se producen actualmente, y esa meta no será posible alcanzar si no se modifican los sistemas de cultivo.

Pero no sólo la cantidad de alimentos es un problema, sino la accesibilidad a ellos. “Hay que pensar que la seguridad alimentaria significa que la gente tenga estos alimentos, que sea inocuo, y que esté en el tiempo siempre disponible y sea accesible, porque si van a los supermercados podrán decirles que ahí están los alimentos, pero a veces es que no hay acceso para ellos”.

Con la propuesta de generación de combustible a través de granos y cereales, el mercado comienza a mostrar interés por este “negocio”, poniendo en riesgo la segurida alimentaria.

En ese sentido insistió en que los biocombustibles sean con productos “que no compitan con los cereales, que no sean para consumo humano y puedan ayudar, se pueden producir biocombustibles, pero que no compitan con el maíz, con el trigo, con el sorgo”.

Pero eso deberá ser parte de las políticas que cada país tenga a partir de sus características particulares.

Sobre Veracruz, dijo que es uno de los estados más ricos que cuenta con los recursos suficientes para producir los alimentos, pero no hay accesibilidad para toda la población. Y la situación empeora con las inundaciones y las sequías, ya que la producción alimentaria puede disminuir.

Aún así, consideró que la entidad tiene el potencial y la vocación como productor de alimentos, sólo debe establecer programas más efectivos que ayuden a incrementar el volumen de producción ante el desgaste de los suelos.

Los retos para la seguridad alimentaria, de acuerdo con los expertos que participaron en el primer día del foro, obliga a los Estados a diseñar políticas integrales para aumentar la producción, garantizar el uso correcto del suelo, la preservación de los bosques y selvas, de los mantos acuíferos, la accesibilidad de los alimentos a toda la población, preservar aquellos que no se encuentran en la canasta básica pero que son parte de la dieta en comunidades indígenas, contrarrestar las prácticas que ocasiona el calentamiento global y disminuir los índices de pobreza.

jueves, 14 de octubre de 2010

Lengua suelta

Zona de Tolerancia



Rodrigo Vidal

Cada vez hay un mayor cuidado de lo que las personas dicen para poder advertir si en sus palabras hubo discriminación, al grado tal que tanto cuidamos las palabras que dejamos de lado el daño de los hechos. La palabra por sí sola no discrimina.

Recuerdo cuando el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), presentó su decálogo de “recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje” (diciembre 2009). Se trató de un documento que “busca generar ambientes comunicativos a favor de la diversidad, la igualdad y la equidad de género al interior de las instituciones gubernamentales”.

“Entre las formas de discriminación, el sexismo es una de las más extendidas y frecuentes en el mundo. Consiste en el trato desigual y en la segregación de las personas de un sexo por considerarlas inferiores a las del otro. Con base en la diferencia sexual, las mujeres históricamente han sido y son discriminadas”, dice el prólogo de la segunda edición de este texto.

La discriminación por diferencia de sexo sucede de múltiples formas y una de ellas es a través del lenguaje sin duda alguna. El texto detalla los usos “sexistas” del lenguaje y las alternativas no sexistas para referirse a términos en los que tradicionalmente se usa el lenguaje con un sentido masculino al referirse a ambos géneros, por ejemplo, sugiere suplir “el hombre” por “la humanidad” para hablar de la raza humana.

El uso del género universal, el uso de abstractos, uso de artículos y pronombres, uso de diagonales o paréntesis en los vocativos, uso de títulos académicos y ocupaciones, uso de las formas de cortesía, uso del arroba, significados sexistas, uso de imágenes no sexistas y el lenguaje gestual, conforman el decálogo propuesto por el Conapred.

Pero vale la pena aclarar que no es el lenguaje el problema. Durante años hemos visto cambiar unos términos por otro, acoplándose a lo “políticamente correcto”, bajo el argumento de contribuir a la lucha contra la discriminación.

Nada más falso que esto, pues aunque se les llama adultos mayores a los ancianos, la situación de los senectos en México es igual de precaria, cada vez pierden más respeto, son excluidos de las políticas públicas y sólo engrosan aquellos programas con fines asistencialistas, pero que de ninguna manera significan una mejora en su calidad de vida.

Qué decir de “los niños de la calle” a “los niños en situación de calle”. Por desgracia los veo tan igual unos de otros. Niños y niñas trabajando y viviendo en la calle, exponiéndose a todos los riesgos que ello implica. Una situación que no mejoró con la adecuación del término.

El lenguaje no discrimina. Existen reglas gramaticales en el idioma español que permiten el uso masculino de algunos términos para referirse a una totalidad, sin importar que refiera a hombres y mujeres. O acaso ¿Vicente Fox contribuyó mucho a la igualdad entre hombres y mujeres con su “mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas” que pronunciaba en cada discurso? Lo dudo.

Son importantes los esfuerzos de instituciones como el Conapred, que a través de su decálogo busca contribuir a la cultura de la igualda, pero más interesante que los cambios en el lenguaje, serán los cambios de actitud en la administración pública y el gobierno, en sus tres niveles, para verdaderamente actuar a favor de la no discriminación por diferencias de género y de cualquier otro caso que motive la intolerancia.

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Pierde Veracruz 75 por ciento de su vegetación

Se invierte en programas pero no hay seguimiento a su desarrollo



Rodrigo Vidal
Xalapa, Ver.- Veracruz ocupa el tercer lugar en biodiversidad en México y es uno de los estados que más invierte en reforestación, pese a ello, es el primero en daño a sus ecosistemas, con una pérdida del 75.5 por ciento de su vegetación original, debido en buena parte a políticas ambientales inadecuadas, crecimiento poblacional, falta de recursos, de voluntad y de seguimiento de proyectos exitosos.

Para la doctora en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, Ana Cecilia Travieso Bello, Veracruz “tiene una problemática muy particular por mantener una gran diversidad de ambientes, diferentes tipos de relieve, de suelo, climas, y con los cambios de altitud generan la posibilidad de que haya mucha biodiversidad, muchas plantas y animales diferentes”, que hoy se encuentran amenazados.

Una de las razones es que, “el estado está considerado el primer estado en transformación en cuando a actividades agropecuarias, tiene el 75.5 por ciento de transformación del territorio en actividades agropecuarias, ahí tiene el primer lugar a nivel nacional, lo cual es bastante negativo porque al darse estos cambios de uso de suelo no solo perdemos lo que sería la vegetación natural sino también el hábitat de las otras especies de animales”.

El impacto ambiental por carecer de suficiente cobertura vegetal va más allá de no tener árboles que provean de madera al hombre, “no solo la vegetación provee madera, leña, alimentos, sino que también provee captación de dióxido carbono, para contrarrestar los gases de efecto invernadero que cada vez son mayores; también permite una mejor infiltración de agua hacia el suelo.

La vegetación costera permite una protección ante fenómenos hidrometeorológicos tropicales, las zonas de humedales que también en el estado de Veracruz ha sido muy afectada, tiene una función de reserva de muchos organismos, es decir parte del ciclo vital del ambiente, también tienen esa función de purificar el agua a través de los enramados de raíces y eso se va perdiendo cada vez que tenemos un ambiente mas contaminado y de menor calidad, y que va afectando obviamente la calidad de vida”.

Travieso Bello explica que en un principio se dieron procesos de deforestación muy importantes por el cambio de uso de suelo, pero ahora se elimina hasta la vegetación secundaria o se hace un cambio de uso de suelo por otro.

Otro de los problemas que genera, es que afecta en la “conectividad del paisaje”, es decir, la manera en cómo están conectados los diferentes elementos naturales y dificulta la migración de una especie de un “parche” a otro, “por ejemplo de un área a otra hace que los grupos de especies queden más aislados y por tanto se haga más difícil para poderse reproducir, para que haya una mayor variabilidad genética y una mayor resistencia ante una situación de cambio climático”.



Norma y (falta de) recursos

Aunque a nivel normativo, algunas políticas de conservación en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, permiten la conservación de ecosistemas a través del sistema de áreas naturales protegidas, “el detalle es que no hay suficientes recursos, mas bien son mínimos para operar estos programas de conservación en las áreas naturales protegidas, lo que hay que hacer es buscar financiamientos” para garantizar su funcionamiento.

“Están declaradas pero no hay un recursos para garantizar la vigilancia y evitar la tala hormiga, la extracción de leña, extracción de especies como pericos y orquídeas” que están protegidas no solo por la Norma 059, sino a nivel internacional.

Tampoco los programas de reforestación resultan exitosos debido a la falta de seguimiento y planeación. “El principal indicador de la reforestación son la cantidad de árboles sembrados, pero al paso de un año ya no encuentra prácticamente nada, porque necesitan esos árboles un cuidado, por ejemplo se tienen que vigilar para que no entre el ganado y se vayan a comer los árboles pequeños, se tienen que regar, realizar un control de maleza de manera manual sin usar agroquímicos para que prospere esa plantación y para decir que se tienen una superficie realmente reforestada”.

En ese sentido, explica, Veracruz ha invertido en reforestación sin tener resultados óptimos, “es el estado donde más se ha invertido en programas de reforestación, sin embargo, seguimos careciendo de una cobertura vegetal suficiente, justamente porque no ha habido un seguimiento y no han sido exitosos esos programas de reforestación”.

De la misma manera han fracasado aquellos programas donde productores o ganaderos reciben un recurso por parte del Estado para la reconversión productiva, “se da dinero a los propietarios de la tierra para que cambien el uso de suelo a zonas forestales o combinen la parte forestal con la ganadera y la agricultura, otro programa es el pago por servicios ambientales, se pagan servicios ambientales, hidrológicos, de la conservación de la biodiversidad y la orientación para el ecoturismo”, que han dado pocos resultados.

De acuerdo con la investigadora, “esos incentivos son demasiado ocasionales y se pagan en poca cantidad, entonces al campesino todavía le reditúa más aprovechar esas áreas en actividades agrícolas y ganaderas”.

Además, que las áreas de conservación se crean en las partes altas de las cuencas donde los terrenos no tienen vocación ni agrícola ni agropecuaria, “por lo que no es suficiente para lo que se requiere conservar”.

La apuesta es un invertir en educación para cambiar la cultura de la gente por una de respeto al medio ambiente, algo que ve “realmente es muy difícil hacer cambios en la conciencia de la gente porque se trata de una cultura que uno adquiere familiarmente, ser ganaderos y agricultores les ha redituado, lo harán aunque ahorita no reditúe mucho”.

El riesgo con el dinero es que mientras haya un proyecto con recursos para la reforestación, va funcionando, “la gente trabaja mientras continúa el apoyo, pero cuando se acaba no hay seguimiento”.

Otro de los problemas es que el Estado no diseña políticas integrales para combatir la pobreza, para generar desarrollo y subsanar el daño al medio ambiente. Si se toma en cuenta el crecimiento de la población en Veracruz, es posible que incremente el porcentaje de pérdida de vegetación en la entidad, más del 75.5 por ciento, cantidad que fue documentada por un el informe de la Semarnat de 2008.

“De 1990 a 2005, Veracruz tuvo un aumento de 973 mil 349 habitantes en todo el estado, el número de población que aumentó es importante, y se espera que exista un aumento poblacional mayor en el estado, una alternativa podría ser: hacer más eficiente los espacios que se dedican para agricultura y ganadería, y eso implica una inversión considerable en tecnología y el estado de Veracruz tienen muy poco desarrollo tecnológico en el área rural por lo cual lo hace un poco improductiva”, comentó Cecilia Travieso.



Política integral

Existen acciones que de acuerdo con la especialista en Manejo de Recursos Ambientales deben tomar de manera urgente las autoridades de los tres niveles. Tanto la federeación, como el estado y los municipios deben considerarse a fondo el daño ecológico tanto en los planes de desarrollo, que deriven en los programas de ordenamiento urbano y de ordenamiento ecológico, que quede establecido en la ley “y se asegure que se cumpla”.

El problema que ella identifica, es la falta de seguimiento sexenal en las administraciones públicas, quienes llegan al gobierno eliminan todo lo que hizo el anterior, aún cuando se trate de proyectos de éxito.

Además, los municipios deben elaborar sus atlas de peligros y de riesgos, “lo que les va a permitir no sólo saber en qué situación están, sino poder prevenir las situaciones que ya tenemos, porque muchas personas están asentadas en zonas de riesgo por eso hay tantas pérdidas económicas y humanas”, y eso es posible prevenirlo.

Otra acción sería la articulación entre los diferentes sistemas de gobierno y los programas de apoyo, de manera tal que se junten recursos y esfuerzos para lograr un mismo objetivo que sería “tratar de conservar lo que ya tenemos, tratar de restaurar las zonas que están afectadas y que son importantes para mantener los servicios ambientales de los ecosistemas y nos afecten menos los problemas derivados de fenómenos climáticos”.

“Otro detalle que no se ha manejado de manera directa, que es un problema que se da por cuestiones climáticas: la afectación de cultivos que impacta en la seguridad alimentaria de la población”.

Para ello es necesario involucrar a la academia, al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil, para dar seguimiento a los procesos, porque con los cambios de gobierno cambian las políticas aunque sean exitosas.

Pero principalmente, la investigadora coincide con otros ecologistas, urge incidir en la educación para formar una población más interesada en el medioambiente, pero que las escuelas incluyan materias con ejemplos de la problemática ambiental de Veracruz.

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