En busca de la discapacidad

Zona de Tolerancia



Rodrigo Vidal

Por increíble que resulte, en el país es difícil identificar a toda la población que posee alguna discapacidad, por lo que, los registros sobre las características de las discapacidades y sus localizaciones geográficas resultan incompletos, situación que influye en el desarrollo de programas y acciones oficiales, por supuesto, también incompletos.

Y si ha resultado difícil saber cuántas personas con discapacidad hay en México, no es por otra cosa que por falta de voluntad, algo que puede cambiar a partir del próximo año.

El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) anunció que para el próximo año pondrá en marcha el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, obligación que el país adquirió en las convenciones Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Interamericana para Eliminar todas las formas de Discriminación, donde se plantea que los estados “deberán adoptar medidas legislativas, sociales, educativas y laborales para erradicar la discriminación y que permitan la plena inclusión a la sociedad de este sector de la población”.

El anuncio del Conadis se hizo en el marco de la VII Cumbre del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil (CLARCIEV), en donde cada año se reúnen las instituciones de registro civil de América Latina con el objetivo de intercambiar experiencias en materia de registro e identificación de personas.

En esta cumbre denominada “Estrategias para Garantizar el Derecho a la Identidad de Personas en Situación de Vulnerabilidad”, se planteó que los proyectos de registro que se están realizando deberán contar con elementos de inclusión y la accesibilidad total, que son características esenciales para cumplir con el derecho a la identidad que tienen todas las personas, con y sin discapacidad.

Ahí se recordó a las autoridades de todos los niveles de gobierno su responsabilidad para buscar instrumentos efectivo, que llegue a las regiones apartadas del país para que se haga un verdadero conteo y se puedan detectar las necesidades de esta población, pues, como en muchos otros casos, son los discapacitados de las zonas más apartadas donde imperan condiciones de pobreza extrema, quienes enfrentan las peores condiciones para su desarrollo.

Y ante esto, el Conadis advirtió que “no solo será un instrumento de captura de datos, sino que buscará ser un elemento clave que sirva como plataforma de gestión para tener acceso a algunos servicios que ofrece la administración pública”, y por supuesto que seremos muchos los que estaremos al pendiente de que esto ocurra.

Este anuncio se realiza 10 días después de la firma del Acuerdo Nacional por los Derechos Políticos de las Personas con Discapacidad, donde los partidos políticos del país se comprometen a favorecer la inclusión de este sector de la población en la vida política.

Fue a principios de octubre cuando acordaron: aprobar reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y normatividad en la materia, con base en lo dispuesto por el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas financieras necesarias para que el Instituto Federal Electoral las implemente en el proceso electoral federal del año 2012.

Estas reformas deberán estar listas en julio del próximo año, tres meses antes de que arranque el proceso electoral del 2012.

Los Partidos políticos nacionales, en un plazo no mayor de un año, reformarán sus Documentos Básicos a fin de garantizar a militantes con discapacidad sus derechos, desarrollo político y acciones afirmativas o mecanismos que definan una cuota como candidatos a cargos de elección popular en condiciones de igualdad y equidad de género.

Si bien se trata de instrumentos legales, lo más importante será mantenernos vigilantes y partícipes para exigir su cumplimiento y no tengan el mismo destino que la mayoría de las normas en la legislación mexicana: el olvido.

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Caridad vs derechos

Zona de Tolerancia



Rodrigo Vidal

Los gobiernos mantienen aún la idea del asistencialismo al diseñar los programas de “ayuda” a personas con discapacidad y olvidan que su obligación es garantizarles derechos.

Esta política de la caridad, lejos de contribuir al desarrollo y mejorar la calidad de vida de los que tienen alguna discapacidad, funciona como una especie de cortina de humo que oculta la verdadera falta del Estado en contra de este sector de la población.

Las autoridades se libran de su obligación de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y para simular que existe un compromiso con ellos, los mantienen en programas permanentes de asistencia.

Eso ocurre en todo el país, aún cuando estados como Jalisco muestran un avance en la generación de una cultura incluyente a través del diseño y cumplimiento de políticas públicas que benefician a los discapacitados, sin embargo quedan materias pendientes.

El caso de Veracruz es un ejemplo de ello. En la actual administración se crearon dos leyes para la inclusión de personas con discapacidad, la primera, la Ley número 222 quedó abrogada con la publicación de la actual Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad, publicada en febrero del presente año y que carece aún de su reglamento.

La primera tuvo un periodo de vida de cinco años infructuosos, pues nunca se respetó y existe temor porque la actual tenga el mismo destino. En cambio, la entrega masiva de sillas de ruedas, muletas y bastones se mantiene como elemento de inspiración fotográfica altamente explotable.

Con el aumento de los centros de rehabilitación para personas con discapacidad en Veracruz, debieron generarse las condiciones para que las personas con alguna discapacidad, que lograran mejorar su condición mediante la rehabilitación, encontraran el ambiente adecuado en la sociedad para poder integrarse, ya sea en la escuela, el trabajo o en diversas actividades deportivas y de recreación.

De acuerdo con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS), el 30 por ciento de la población con alguna discapacidad no puede integrarse, por su grado de discapacidad, no puede integrarse a escuelas regulares, sin embargo, el 70 por ciento restante si tendría la posibilidad de hacerlo, pero el sistema educativo no está preparado para recibirlos.

La educación en México es un derecho y muchos niños con discapacidad no tienen acceso a ella, pero si los vemos en las fotos o en comerciales asistencialistas o que explotan su imagen para la obtención de recursos.
En el caso del acceso a instalaciones educativas, el CONADIS y la SEP trabajan en la identificación de 200 planteles en todo el país para adecuarlos con la finalidad de recibir a niños con alguna discapacidad como alumnos regulares.
Pero el esfuerzo debe ser mayor y para ello, es momento de dejar de usar a los discapacitados para inspirar lástima y justificar socialmente el asistentencialismo como la “ayuda” que ellos requieren.

EN LA MESA DEL RINCÓN
¿Por qué Edda Arrez Rebolledo, la nueva titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres no tuvo empacho en admitir su priismo pero se negó a opinar sobre la iniciativa panista para reformar el artículo IV de la Constitución local que afectaría a las mujeres al negarles el derecho a abortar? No vaya a ser que Veracruz se guanajuatice.

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Exclusión educativa por discapacidad

Zona de Tolerancia

Por Rodrigo Vidal


La educación formal para las personas con discapacidad resulta ser el gran pendiente con ese sector de la población. Las oportunidades para que una persona con problemas motrices, invidente o con deficiencias mentales tenga acceso a la educación se reducen, por un lado porque son pocas las escuelas que reúnen las condiciones para incluirlos y por el otro, suelen ser caras.

Si hablamos de la educación pública, todavía hoy, pese a que la Ley lo establece, se construyen edificios escolares sin considerar a la población discapacitada. Pero a lo mejor lo más difícil no está en la infraestructura, sino en el recurso humano.

La formación de maestros para tratar a alumnos con discapacidad, deja mucho que desear. A lo largo del estado de Veracruz se recopilan casos de intolerancia por parte de directivos y maestros de escuelas en contra de niños con alguna discapacidad.

La ignorancia y la falta de formación para enseñar a menores con limitaciones físicas o mentales, la demuestran los maestros con rechazo y exclusión. Es más fácil zafarse del esfuerzo (que en la mayoría llaman “problema”), que enfrentarlo con actualización y una pedagogía incluyente.

Un caso significativo, que no el único, ocurrió en Poza Rica con la niña Mía Alejandra Castillo Espinoza, a quien calificaron como la paciente número 1 para ser atendida en el Centro de Integración Infantil Teletón que se abrió en aquella ciudad del norte de Veracruz.

La niña que padece displacia campomélica, una malformación en ojos que le dejó ceguera total con glaucoma, y malformación en cadera y pies, no pudo ser atendida en el CRIT porque no la aceptaron en ninguna escuela de la ciudad, ya que los maestros “reconocían” que no estaban preparados para atender a un estudiante con esa discapacidad.

La niña debía entrar al tercer grado de preescolar. Su madre y ella viajaron desde Pachuca, Hidalgo, para radicar en Poza Rica, pero les negaron toda posibilidad ante la discriminación de los directivos de varias escuelas.

A todos nos debería doler que un niño no tenga la posibilidad de estudiar, o lo que es peor, que la tenga y se la nieguen por la incapacidad de los maestros. Insisto, es un caso que tuvo mayor difusión mediática por ser la “niña Teletón”, pero historias se pueden reunir en el centro y sur del estado.

Hay excepciones. Existen jóvenes más afortunados que logran enfrentar todos los retos de cursar primaria, secundaria, bachiller y llegar hasta la universidad. Pero en cualquiera de estos niveles escolares, además de la preocupación por sacar adelante los estudios, estos jóvenes tienen que sortear los obstáculos físicos que la infraestructura les genera.

La Universidad Veracruzana cuenta con el Programa Universitario para la Inclusión e Integración de Personas con Discapacidad (PIIP), que junto con la Red Universitaria de Estudios de Opinión (RUEO), realiza una encuesta para conocer la prevalencia y el tipo de discapacidad en los cinco campus.

De acuerdo con el comunicado de la UV, la información que se recabe del cuestionario servirá para “mejorar la toma de decisiones en materia de inclusión e integración de personas con discapacidad a la comunidad universitaria”.

El ejercicio tiene su mérito, pero más lo tendrán los resultados. Insistir en la realización del reglamento de la Ley para la Integración de Persona con Discapacidad, es una obligación de todos, y más el vigilar su aplicación.
Es urgente, por una educación para todos en Veracruz.

El piquero
La queja ciudadana del día es por el “chiquero” en el que se ha convertido el Centro Histórico de Xalapa a consecuencia de los cierres de campaña. La buena es que ya se acabaron (las campañas, no los basureros), la mala es que refleja una vez más la deficiencia en el servicio de Limpia Pública de la ciudad capital.

Se aceptan todos lo comentarios, quejas y sugerencias.

Discapacidad e incapacidades

Zona de Tolerancia

Por Rodrigo Vidal


Los legisladores veracruzanos mantienen una deuda con las personas que viven con alguna discapacidad, al no aprobar aún el reglamento para aplicar la Ley de Integración de Personas con Discapacidad.

Los esfuerzos que se realicen a través de las 77 unidades básicas de rehabilitación ubicadas a lo largo del estado, del Centro de Rehabilitación Integral de Veracruz (Criver), del Centro de Rehabilitación Integral de Orizaba (CRIO), del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), en Poza Rica y del recién inaugurado Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Veracruz (Creever), quedarán incompletos sin la norma que regule las condiciones para integrar a la sociedad a las personas con discapacidad.

Se requiere que las autoridades municipales y estatales, y legisladores, asuman el compromiso de favorecer las condiciones para que, quienes enfrentan alguna condición de discapacidad, puedan incorporarse a actividades cotidianas como ir a la escuela o al trabajo.

De acuerdo con cifras del DIF estatal, existen alrededor de 40 mil veracruzanos de escasos recursos con alguna discapacidad, que ahora podrán recibir atención en cada uno de los centros de rehabilitación construidos en varias ciudades del estado. Serán niños, mujeres y hombres que tienen la posibilidad de mejorar su estado físico y mental para poder integrarse a la vida productiva.

Sin embargo, afuera de esos centros, hay una sociedad que no da muestras de estar del todo preparada para recibirlos. Son pocas las ciudades que han modificado algunos espacios para permitir el libre acceso de personas con discapacidad motriz a lugares públicos. En el caso de invidentes y débiles visuales la situación es menos favorable.

Xalapa es de las pocas ciudades que ha adaptado en edificios públicos rampas de acceso para personas con discapacidad, pero no en todos los sitios. Existen casos en el norte de Veracruz donde algunas escuelas han rechazado a niños que acuden en sillas de ruedas por carecer de una infraestructura adecuada para que puedan movilizarse, o en el peor de los casos, los aceptan y los confinan a un rincón por tratarse de edificios que en su diseño no consideraron espacios para alumnos con discapacidad.

El reglamento es importante, pero más importante serán las acciones que se tomen para hacerlo valer. Anterior a la ley vigente hubo otra que estableció un plazo de tres años a partir de su publicación en 2005, para que las autoridades del estado y municipales modificaran los espacios públicos que permitieran el libre acceso a las personas con discapacidad. En esos tres años poco se hizo para aplicar el contenido de la ley.

Mi reconocimiento para todas las personas con discapacidad que, con todo y las dificultades físicas que a lo largo de su vida enfrentaron, lograron salir adelante y hoy ocupan un lugar entre la población económicamente activa o concluyeron sus estudios. Si ellos pueden, no entiendo porqué los “normales” o “completos” no. Por eso, cualquier argumento de las autoridades para no aplicar la ley es mero pretexto, muestra de una falta de voluntad y una incurable discapacidad política.

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Discapacidad política, sigue la mata dando

Zona de Tolerancia

Por Rodrigo Vidal


A un mes de cumplirse cinco años de promulgada la Ley de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes del Estado de Veracruz, el Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local, presentó una iniciativa para crear una nueva ley -sí, otra-, que incluirá la creación de la Comisión Estatal para las Personas con Discapacidad.

Esta nueva ley también busca generar equidad de condiciones en los ámbitos sociales, económicos, políticos, laborales, culturales y de toda índole. Pero si la que está vigente lo incluye ¿por qué nadie la acató?

Con base en lo establecido en la ley vigente, hace dos años venció el plazo para que los gobiernos municipales y del Estado impulsaran la construcción de la infraestructura que facilite el tránsito y libre desplazamiento de las personas con discapacidad. Es uno de los planteamientos más importantes de la ley con el que se generarían condiciones favorables para la integración en la vida productiva y educativa de las personas con discapacidad.

En todo momento el argumento de ‘no hay recursos’ valió para justificar que las autoridades, responsables de instituciones escolares, de centros comerciales y demás espacios públicos, incumplieran con la Ley. Total, no existía una sanción para aquellos que la violaran.

El que ahora pretendan crear una ley que contemple una Comisión Estatal para las Personas con Discapacidad, por desgracia no es una garantía del cumplimiento de la misma –sino, ahí está el Instituto Veracruzano de la Mujer, un órgano limitado que fue creado ante la presión social por atender la demanda de las mujeres para el respeto de sus derechos y enfrentar el índice de violencia que aún mantiene el estado, sin embargo el avance es lento, demasiado, por una cultura machista y retrograda de la clase política en Veracruz, que llevó por ejemplo, a hacer una reforma anti aborto, aunque al final tuvieran que recular, eso sin considerar que en materia de violencia hacia las mujeres seguimos a la alza como entidad-.

En un foro reciente, organizado por la Universidad Veracruzana, dos ponentes tocaron el tema del acceso de las personas con discapacidad a la educación. Si bien, la tecnología permitió que Joel García Cobos, con una discapacidad que mantiene paralizado casi todo su cuerpo, terminara su carrera universitaria a distancia y ahora vaya por su maestría, la falta de infraestructura adecuada para que los discapacitados, no solo con problemas motrices, sino visuales, auditivos y demás, les impide prácticamente ingresar a una escuela.

Pero la solución a un problema plantea problemas mayores, pues en la hipótesis de que las personas con discapacidad tuvieran accesos a la educación hasta el nivel universitario, lo que sigue es generar las condiciones para que se integren al ámbito laboral, donde pocos son los que, alejados de prejuicios, contratan a trabajadores con alguna limitación física.

Esto sólo se podrá lograr con voluntad y recursos, pero más con voluntad, algo que las autoridades en estos últimos cinco años, desde que se creó la Ley, no han tenido. Ahora surge la propuesta de promulgar una nueva, con una figura que se supone será vigilante de la aplicación y el respeto a la misma. Ojalá también considere una sanción a las autoridades por el incumplimiento de la nueva ley, sino, seremos testigos más años de la discapacidad de los políticos para hacer bien las cosas.

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(18 de enero de 2010)

No ver para creer

Zona de Tolerancia

Por Rodrigo Vidal

A finales de julio la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunció que trabaja en la construcción de una biblioteca en materia de derecho procesal civil, con una particularidad, estará habilitada para ciegos y débiles visuales.

Se trata con esto de dotar a los alumnos que estudian derecho que son ciegos, de materiales en braille y audiolibros. El proyecto se llama Aula Tlanextli. El comunicado que emitió la UNAM detalla que el aula “será habilitada con impresoras en braille y programas de software a fin de facilitar el desempeño de estos alumnos, pero también será un espacio en el que se puedan integrar el resto de sus compañeros para evitar cualquier tipo de discriminación” y también que “catedráticos y maestros traten a las personas discapacitados de manera normal, porque casi nadie está preparado para atender a un estudiante ciego”.

Sin duda un buen avance, que no resulta suficiente en la proporción que ocupa el problema que enfrentan las personas con deficiencia visual o ceguera, cuando salen de sus casas decididos a desempeñarse en la escuela o trabajo, sin que nada les facilite el libre tránsito, su formación, el acceso a servicios, entre otros obstáculos.

Incluso, con toda y las leyes que existen, me convenzo más que no es un asunto de normas, sino de formación, como el origen de muchos de los problemas en México. Se crearon leyes, tanto federales como en el estado de Veracruz, para facilitar la integración de las personas con discapacidades, pero con el paso del tiempo quedan en el olvido de las autoridades y de los ciudadanos comunes, los “normales”, los que vemos, oímos y caminamos, los que decimos que tenemos nuestros cinco sentidos trabajando.

Los “completos” nos olvidamos de que existen esas leyes, porque poco o nada pensamos en aquellos que más las necesitan, y no me atrevo a decir “para quienes fueron creadas”, pues también se crearon para que no discriminemos a los discapacitados.

Somos, los “normales”, los que nos olvidamos que compartimos el mundo con personas que son distintas a nosotros, no menos, sólo distintas, que requieren de medios e instrumentos diferentes para moverse, estudiar, trabajar, alimentarse, vestirse, diferentes a los que usamos la mayoría.

Las leyes están, sólo basta voluntad para querer aplicarlas, conocimiento para exigir su aplicación y compromiso para involucrarse con la necesidad de crear un lugar más tolerante y equitativo para todos, sin importar las diferencias.

Quizá sea necesario que no veamos, para que creamos que urge cubrir esta necesidad en la sociedad. El ejemplo de la UNAM es aplaudible, pero que lamentable que resulte aún insuficiente.

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Discapacidad Política

Zona de Tolerancia

Por Rodrigo Vidal

Cuatro años se cumplieron ya de que fue promulgada la Ley de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes del Estado de Veracruz, y el año pasado venció el plazo para que los gobiernos municipales y del Estado, impulsaran la construcción de la infraestructura que facilite el tránsito y libre desplazamiento de las personas con discapacidad, que no sólo hace referencia a aquellos con problemas motrices.

Es una pena que en todo este tiempo las autoridades, bajo el argumento siempre de la falta de recursos, sigan violando lo dispuesto en la ley. Las personas con discapacidad que desean ingresar, o ya lo están, en la vida productiva, se enfrentan a una serie de carencias en la infraestructura urbana para moverse con facilidad.

Es más, pareciera que el problema para los discapacitados no son las barreras físicas, sino las mentales de los políticos, funcionarios públicos estatales y municipales, y diputados, que no han encontrado la manera de hacer valer la ley, consiguiendo los recursos necesarios para crear esa infraestructura que le permita lo mismo a un invidente que a una persona en silla de ruedas, transitar en lugares públicos.

Si bien, ningún presupuesto alcanza para todo, pero desde que se publicó la Ley en la Gaceta Oficial del Estado el 11 de febrero de 2005, se estableció un plazo de tres años para adecuar edificios y espacios públicos. Es decir, que tenían tiempo para hacerlo o por lo menos comenzar. Por eso insistiré que no es por falta de recursos, sino por falta de voluntad.

Las autoridades de Poza Rica y del Estado, cacarearon que se consiguió un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, para lo cual se valieron de los discapacitados como bandera, en ese formato ya conocido de explotar la lástima hacia ellos, pero no dan muestras de querer mejorar las condiciones para que puedan moverse libremente en la escuela, en el cine, en las calles, en el parque, en las oficinas de gobierno, en las bibliotecas, en los centros comerciales.

Ahí está la ley. No basta con regalar sillas de ruedas y despensas en procesos electorales. Basta de usarlos siempre para obtener un fin con el que tengan que pararse el cuello. A cuatro años de distancia, la Ley de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes del Estado de Veracruz, parece ser letra muerta, como otras, como todas.

Niños en la calle
De nuevo es fácil identificar a niños en situación de calle o en la calle, trabajando desde limpiaparabrisas, vendedores de chicles y pidiendo limosna. Luego que no digan las autoridades que no se daban cuenta que esto ocurría.

No se necesita que ocurran tragedias, como el de la niña Esmeralda, que era limpiaparabrisas y fue violada y asesinada, para que actúen. Ahí están ahora en las calles, es cuestión de bajarse de los autos oficiales o abrir mejor los ojos.

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Sobre ruedas

No es lo mismo ir sobre ruedas que…

La falta de rampas en banquetas obliga a las personas en silla de ruedas a “circular” en la calle, tanto en zona urbana como rural. La fotografía fue tomada en la comunidad La Concha del municipio de Tihuatlán, al norte de Veracruz. (Rodrigo Vidal)

Autoridades quieren CRIT, pero no a los discapacitados

El plazo para que los gobiernos municipales y del Estado modifiquen la infraestructura urbana a favor de los discapacitados en Veracruz, venció hace nueve meses. Siguen las autoridades sin respetar la Ley de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes, pero están "muy comprometidos" con una intensa campaña para que se construya en la entidad un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón.
Aquí les dejo la historia.

Por Rodrigo Vidal

Poza Rica, Ver.- El Gobierno del Estado y las autoridades municipales incumplen con la Ley de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes del Estado, pero promueven una campaña intensa para contribuir económicamente con el Teletón, con la finalidad de que la Fundación instale el próximo Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), en Veracruz.

Incluso se llevó hasta el Congreso local, cuyo edificio es de los pocos que se remodelaron con rampas para permitir el acceso sólo de personas con discapacidades motrices, en la que se propone descontar 10 mil pesos al salario de cada diputado local para apoyar el Teletón.

Sin embargo, desde el 11 de febrero del presente año venció el plazo para que los edificios de las dependencias del Gobierno del Estado, Secretarías, Procuraduría, Congreso y las oficinas municipales, y lugares de uso común, hagan las modificaciones estipuladas en la Ley, y que no refiere exclusivamente a rampas para sillas de ruedas.

La Ley de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes del Estado de Veracruz, obliga a los gobiernos estatal y municipales a “impulsar la construcción de infraestructura urbana de carácter público que facilite el tránsito y el libre desplazamiento” de las personas con alguna discapacidad, y la mayoría de los edificios y espacios públicos carecen de la arquitectura adecuada para este fin.

Según la ley, se considera a una persona con discapacidad aquella que “como consecuencia de una o más deficiencias físicas o mentales permanentes, se vean limitadas para realizar por si mismas actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico”.

La Ley, publicada el 11 de febrero de 2005 en la Gaceta Oficial del Estado, establecía un plazo de tres años a los gobiernos para cumplir con la adecuación de sus edificios y espacios públicos, como escuelas y parques, para permitir el tránsito de las personas con discapacidad.

Incluso la Ley de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes considera la implementación de autobuses de pasaje acondicionados para el acceso a discapacitados. En el artículo 20, se establece que “el Gobierno del Estado a través de sus dependencias correspondientes, el DIF y los Ayuntamientos en el ámbito de sus competencias promoverán y en su caso, concertarán con los sectores público y privado, las medidas y las acciones tendientes a eliminar las barreras arquitectónicas que impidan o dificulten la movilidad y el tránsito de las personas con capacidades diferentes, debiéndose incluir las siguientes:

Se promoverá que en las zonas urbanas se adapten las aceras, intersecciones, coladeras, paradas de camión y rampas para facilitar la vialidad para las personas con capacidades diferentes; impulsar la construcción de infraestructura urbana de carácter público que facilite el tránsito, el libre desplazamiento y el uso de los espacios reservados, para que puedan disfrutar de los servicios públicos en equidad de circunstancias que cualquier otro habitante.

Impulsar la creación de los lineamientos necesarios para la ejecución de programas de construcción o adaptación de viviendas, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas y de construcción que determinen las autoridades estatales y municipales responsables de los programas de vivienda.

Promover la realización de acciones tendientes a eliminar barreras arquitectónicas exteriores e interiores existentes en los edificios de uso público y privado, y equipamiento urbano. Impulsar la remoción de los anuncios publicitarios y señalamientos viales que impidan el libre transito de las personas con capacidades diferentes. Los lugares y los accesos para personas con capacidades diferentes, tendrán los señalamientos adecuados que determinen la preferencia de su uso.

Las adecuaciones o modificaciones necesarias para facilitar la movilidad, el tránsito y el acceso de las personas con capacidades diferentes incluye a lugares de uso común como estacionamientos, teatros, cines o centros de espectáculos, instituciones educativas y otros semejantes, señala la ley que hasta el momento se viola.

La del día

En esta foto se observa a esta camioneta y los contenedores de basura del Municipio obstruyendo la rampa para discapacitados en el parque Benito Juárez, de Poza Rica, Ver. Una escena ya común, pero no por ello debe dejar de señalarse y de generar indignación. Gracias a Miguel Morales por enviar la foto y preocuparse del tema.

Medallas Completas

Zona de Tolerancia

Por Rodrigo Vidal

Comenzó México a figurar en el medallero de los Juegos Paralímpicos de Beijin 2008, superando ya con medallas de oro a la delegación de deportistas “completos” que participaron durante las Olimpiadas.

La nadadora veracruzana Nely Miranda obtuvo la presea dorada al imponerse en la prueba de 100 metros libres, en el “Cubo de Agua”; luego el judoka mexicano Eduardo Ávila venció al chino Zhilin Xu y se adjudicó la medalla de oro, en la categoría -73 kilogramos; y de nuevo en natación, el nadador mexicano Juan Ignacio Reyes cumplió con los pronósticos y se adjudicó la medalla de oro en la prueba de 50 metros dorso.

Hay un bronce para la nadadora mexicana Doramitzi González, en los 100 metros libres, categoría S6. Y esto apenas comienza.

Qué satisfacción da saber que hay mexicanos que son capaces de superar cualquier obstáculo (físico, burocrático, político), para obtener logros como las medallas de nuestros competidores.

Siento un orgullo por ellos, y desde aquí mi más grandes felicitaciones por su logro personal, por el esfuerzo de sus entrenadores y el sacrificio de sus familias. Pero con cada medalla que se cuelgan los deportistas mexicanos, discapacitados o no, aumenta el tamaño de la yunta de las autoridades por la deficiencias en la política deportiva que también hunde al país. En el caso de los que participan en los Paralímpicos, ser concientes que enfrentan el doble de obstáculos.

Por eso creo oportuno aprovechar que la primer medalla de oro en los Juegos Paralímpicos la dio una veracruzana, para ver si eso motiva a nuestros políticos discapacitados (incapacitados creo que es la palabra correcta), que no han querido aplicar como se debe la Ley de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes del Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial del Estado desde el 11 de febrero de 2005, y que las autoridades se la pasan por salva sea la parte.

Esta ley obliga a las autoridades del Estado y municipios, acondicionar sus espacios para el tránsito de las personas con discapacidad, y no sólo para las sillas de ruedas como suelen creer algunos funcionarios a quienes su incapacidad de pensar los limita a entender la ley de esa manera.

Mucho se le debe a las personas que viven con limitaciones físicas, pero con un espíritu por salir adelante más completo que cualquiera de nosotros. Como sociedad estamos en deuda, y ahora por ley estamos obligados a exigir que las autoridades les cumplan. No basta con llamadas de felicitaciones a los deportistas que ganaron medalla en los Juegos Paralímpicos, llamadas donde los políticos sólo buscan reflectores, sino que deben cumplir con ellos para garantizar su integración plena en la sociedad.

¡Que la chingue!
Ahora resulta que el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez –ese mismo de las mentadas de madre-, fue a decir a Estados Unidos, cuando era alcalde en 2005, que contaba con “todo el respaldo de la Iglesia Católica” para las elecciones al Gobierno del Estado tapatío.

La nota publicada este lunes 7 en La Jornada, está fundamentada con un documento que obtuvo el Presidente de la Fundación de Niños Desaparecidos, Juan Manuel Estrada, mediante un trámite ante la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act.), del vecino país del norte, equivalente a la Ley de Acceso a la Información.

Con ese documento como sustento, este ciudadano presentó una queja ante la Secretaría de Gobernación para que el Gobernador de tan folklórico estado y lenguaje, sea investigado por quebrantar las leyes de un Estado laico (hablamos de México, aunque poco lo parezca en estos tiempos), para ver si se hace acreedor a una sanción que vaya más allá de un simple recordatorio popular del 10 de mayo.

De los parroquianos
Agradezco los puntos de vista –la mayoría coincidentes-, sobre la columna pasada que trata el tema de la pena de muerte. Estaremos muy atentos al seguimiento de esta propuesta hecha por México Unido (que hoy se sabe ha sido una organización nada transparente, que poco representa a los intereses ciudadanos y que sirve de palera de la Secretaría de Seguridad). En especial agradezco a Joel García Cobos, presidente de la Asociación de Discapacitados de Poza Rica, A.C., ejemplo fiel de alguien que le tiene un profundo amor a la vida, sin importar los retos. Muchas gracias por tu comentario.

Comentarios, quejas y sugerencias dirigirlas a: rodrigovp76@gmail.com
Las mentadas de madre dirigirlas al Gobierno de Jalisco.