Mi guía

Zona de Tolerancia



Rodrigo Vidal

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó una guía en Internet, que de ningún modo puede servir como chaleco salvavidas para periodistas y activistas, pero que tiene como finalidad “contrarrestar la situación violenta que enfrentan defensores de derechos humanos y periodistas en nuestro país”.

El folleto denominado Guía para implementar medidas cautelares en beneficio de periodistas y comunicadores en México, fue presentado por Raúl Plascencia, titular de la CNDH, durante las Jornada por el Derecho a Defender y Comunicar, que se realizó ayer en la ciudad de México.

La citada guía no es otra cosa que un mecanismo en el que se enseña paso a pasito a los activistas y comunicadores a solicitar medidas cautelares para su protección (no es una fórmula de inmunidad, no lo crean así) en caso de que alguno se sienta dentro de una situación de riesgo (claro, siempre que lo identifique antes que sea demasiado tarde).

El documento explica que, si el periodista siente pasos en la azotea… en la calle, en la oficina, en el automóvil, a donde vaya, debe formular una solicitud a la CNDH donde contenga “una propuesta de medidas específicas de protección a fin de que las autoridades responsables brinden una óptima protección y tomen en cuenta las especificidades del caso”.

Por supuesto, “estas medidas serán acordadas con el beneficiario, tomando en cuenta los Elementos Esenciales para la Implementación de Medidas Cautelares” incluidos en la Guía, “que incluyen elementos de temporalidad, fuerzas policiales, telecomunicaciones, atención médica y psicológica, preservación de datos y seguimiento”.

La propuesta de “medidas específicas de protección” debe elaborarse siempre en coordinación con los periodistas y comunicadores afectados (o sus representantes), “ya que esto pudiera prevenir que las medidas resulten inadecuadas o no se cumpla con el objetivo de prevenir la situación de amenaza, hostigamiento o daño irreparable en su perjuicio”, en pocas palabras, que el remedio no salga más caro que la enfermedad.

De igual manera, las medidas cautelares deben ser analizadas “casuísticamente” y solicitarse de manera específica, ya que cada caso es distinto y no existe un modelo estandarizado en que se pueda lograr acoger, de manera integral, las necesidades de protección para los periodistas o comunicadores de modo similar.

Posteriormente, la CNDH y el beneficiario realizarán un seguimiento puntual de la implementación de las medidas solicitadas, a fin de evaluar su efectividad, así como su retiro o extensión, porque puede extenderlas hasta el tiempo que sea necesario.

“Las medidas otorgadas por la CNDH tendrán vigencia por un plazo de 30 días, que podrá ser prorrogado por el tiempo que sea necesario, siempre y cuando se manifiesten los motivos que dieron lugar al mismo”.
Suena fácil, pero no lo es, porque las medidas dependen de que las autoridades correspondientes las acepten: “la autoridad estatal o federal cuenta con un plazo de 24 horas para determinar respecto de la aceptación de las medidas solicitadas”.

Si llegase a ocurrir así, “en un plazo de 48 horas a partir de la aceptación de las medidas, la autoridad estatal o federal deberá entrar en contacto con la CNDH y el beneficiario para acordar la estrategia de instrumentación de las medidas”.

Se aplaude el esfuerzo. Soy periodista y siento preocupación por lo que ocurre en el gremio, pero soy conciente que es reflejo de una descomposición y disfunción del sistema de seguridad pública e impartición de justicia a escala nacional, y ahí, es obligación del Estado garantizar seguridad a todos por igual… a todos.
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De activista a criminal

Zona de Tolerancia



Rodrigo Vidal

¿Cuánto más habrá que esperar para detener esto? La persecución a defensores civiles de derechos humanos es un hecho y está documentado por organizaciones no gubernamentales en varios estados del país, y qué decir de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Cisen, donde tienen sendos expedientes de activistas sociales a quienes clasifican como criminales.

A pesar de las denuncias constantes por la criminalización de la protesta social, los ataques continúan. El pasado lunes ocurrió otro más en el sur de Veracruz.

Verónica Mounier fue detenida por la PGR, en cumplimiento de una orden de aprehensión acusada de “ataques a las vías de comunicación”. Los hechos ocurrieron en Coatzacoalcos, cuando ella iba a entregar un oficio dirigido a la Procuraduría, para exigir el esclarecimiento de los asesinatos del finlandés Jyri Jaakkola y Alberta Cariño, quienes murieron en una emboscada dentro de la región Triqui en Oaxaca en abril de este año.

Su detención duró casi 12 horas, pues varios indígenas salieron de municipios del sur, y luego de hacer una colecta reunieron los seis mil pesos que se fijaron como fianza.

La denuncia se presentó en contra de la académica de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) por su participación en las acciones de resistencia en contra de las tarifas eléctricas de la CFE en el estado de Campeche (causa penal 116/2009), el año pasado.

Después de liberada, permanece cerca de Coatzacoalcos, reunida con algunos líderes indígenas del sur y desde ahí concedió una entrevista telefónica donde acusa a la PGR de no dar seguimiento al caso de Jaakkola y Cariño, en la región Triqui, donde han asesinado a 30 personas más.

Verónica Mounier aseguró que las autoridades “saben perfectamente” quiénes son los matones, pertenecen a la agrupación paramilitar UBIFORT que está respaldada por el gobernador priísta de Oaxaca, Ulises Ruiz.

Lo que Verónica señala, también se ha denunciado en la capital del país, la actuación de grupos paramilitares que operan en Oaxaca y que son responsables de varios asesinatos. Es curioso cómo las autoridades ejercen acción penal inmediata contra activistas sociales pero a delincuentes plenamente identificados les permiten seguir operando en completa impunidad.

Verónica Mounier es otro caso, el más reciente, y es lamentable tener la seguridad que no será el último.

ESPEJITO, ESPEJITO
¿Quién es el más gastalón en publicidad para salir siempre bonito? Una mercadóloga, Evelyn Femat, compartió el ranking de las 25 dependencias de gobierno que más gastaron en publicidad durante 2009.

En primerísimo lugar, por supuesto, ante la necesidad de continuar legitimándose como presidente aparece la Presidencia de la República con un gasto de 7, 260, 526, 038.00 pesos. Le sigue la Secretaría de Salud, con 1, 884, 278, 999.00 pesos ; luego, para intentar quitarse el mote de levantadedos, en tercer y cuarto lugar se encuentran la Cámara de Diputados y el Senado de la República, con 1, 873, 530, 675.00 y 1, 301, 062, 602.00 pesos respectivamente.

A la autora del artículo le sorprende que la Comisión Nacional de Derechos Humanos gaste 931 millones 125 mil 770.00 pesos en publicidad, ocupando el sexto lugar de la lista. Confieso que también estoy sorprendido.

Pero no podía faltar y en el lugar 25 aparece ni más ni menos que nuestro multipublicitado y mediático Gobierno del Estado de Veracruz, con un gasto en publicidad de 105 millones 5 mil 257 pesos.

Con esa lana, cualquier espejito los ve más bonitos que a la niña Nieves. Comentarios, quejas y sugerencias de cómo debería gastar ese dinero los gobiernos, dejar aquí y síganos en Twitter: @ZonaDtolerancia.

Develamiento pluvial

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Por Rodrigo Vidal

Las lluvias que se registran desde la semana pasada y que apenas dieron tregua de dos días en algunas regiones del estado, afectaron al menos a siete mil familias en varios municipios de la entidad.

El exceso de agua incomunicó comunidades, desbordó ríos, inundó casas, provocó deslaves en zonas altas y cerros, anegó caminos, afectó cosechas, ahuyentó al turismo y evidenció la indiferencia de autoridades de los tres niveles por generar infraestructura de protección a la población en muchos de los casos y por la indolencia de permitir y hasta fomentar la ubicación de familias completas en zonas de riesgo de manera informal, pero también formal, con permisos a fraccionadores irresponsables y avariciosos.

El agua deja al descubierto muchas de esas irregularidades que se cometen por la ambición y aprovechándose de la necesidad de la gente.

Las tragedias, que son miles, por lo menos una por cada familia, de estas lluvias que mantienen en estado de alerta el norte y sur de la entidad, se pudieron evitar de algún modo u otro.

Y como sé que algunos argumentarán en su defensa “esa colonia ya estaba desde hace 10 años o más” o “esta administración no autorizó los permisos, sino la pasada”, para lavarse la responsabilidad, les digo que como autoridades tiene la obligación de velar por la seguridad de quienes viven en esos sectores de riesgo, aún cuando llegaran en los tiempos de Matusalén.

Otros adelantarán que el saldo de las lluvias fue blanco, porque no hubo pérdidas humanas –lo cual obedece más a la cultura de la autoprotección que la gente ha tomado ante la resignación de saber que vive en una zona de peligro constante por inundación-, pero qué pasa con el patrimonio de los damnificados. A ver quien es el funcionario valiente que le dice a un padre de familia que perdió sus pertenencias en una inundación: “eso es una tragedia menor”.

La recuperación de regiones que enfrentan un desastre provocado por “la naturaleza” depende también de la capacidad de respuesta y voluntad de cada autoridad del la Federación, el Estado y los Municipios por atender a “su” pueblo en desgracia.

Ya no hay elecciones en puerta, ya no hay promesas por hacer, habrá que estar al pendiente de eso municipios afectados por las lluvias y ver qué tan rápido fluye la ayuda para su recuperación… aunque no hayan votado por el PRI.

Suavecito, suavecito
La Comisión Nacional de Derechos Humanos lanzó un comunicado donde “expresa su solidaridad con los defensores de derechos humanos” que han sufrido agresiones y además hace un llamado para “reforzar una red para influir en las políticas públicas sobre derechos fundamentales”.

Casi al año del inicio de la administración de Calderón, diversas organizaciones civiles de derechos humanos comenzaron a reportar un incremento en la persecución oficial, en la presión y la intimidación a la que sometían a los activistas, bajo el escudo de la guerra contra el crimen organizado.

A tres años de denuncias recurrentes, la CNDH no había emitido un pronunciamiento sobre los casos, hasta ayer y por cierto, demasiado tibio. Según el organismo “los defensores de derechos humanos enfrentan situaciones críticas de violencia, secuestro, tortura, detenciones arbitrarias e incluso pérdida de la vida”, y en este último caso tiene el registro de ocho homicidios de defensores civiles: uno en 2006, uno en 2007, dos en 2009 y cuatro en lo que va del presente año. Además de una defensora desaparecida desde el año pasado.

Como dicen en mi pueblo, pues “ya de perdis” se pronunció la CNDH, porque la estatal en Veracruz, como candil de la calle y oscuridad de su casa. Envíe sus comentarios, quejas y sugerencias y síganos en Twitter: @ZonaDtolerancia.