Este nivel de gobierno es el que más se desentiende del fenómeno migratorio
Por Rodrigo Vidal
Xalapa, Ver.- Dentro de las instituciones que tienen responsabilidad en el fenómeno migratorio, son los municipios los que se han hecho ojo de hormiga, pues más rehúyen al compromiso con su población migrante y a la aplicación o participación en los programas migratorios, amparándose en la autonomía municipal.
En 2002, poco después de creada la Dirección General de Asuntos Migratorios en el estado de Veracruz, las autoridades municipales fueron convocadas para la creación de un censo de migración, pero la respuesta fue de escasa a nula en todos los municipios.
Los Ayuntamientos, a través de sus comisiones de Gobernación y de la Secretaría del Ayuntamiento, en coordinación con los Agentes y Subagentes municipales y comisariados ejidales, tenían que llenar un cuestionario con información sobre las familias de migrantes y los migrantes de sus comunidades.
Argumentando falta de recursos e imposibilidad de localizar a todas esas familias, las autoridades o desistieron o nunca iniciaron el censo. Para el director general de Asuntos Migratorios, Mario Daniel Badillo González, fue falta de voluntad.
“En el gobierno anterior (de Miguel Alemán), se iniciaron los cimientos de un censo en el que se involucraban a los alcaldes, a los agentes municipales, que son las autoridades inmediatas. Se comenzó a hacer, y la Dirección de Atención a Migrantes siguió haciéndolo”, pero se detuvo, “la palabra clave es voluntad”, explica el funcionario.
“En términos del Artículo 115 Constitucional y la Ley Orgánica del Municipio Libre, no se puede obligar a una autoridad municipal, salvo el ORFIS, que tienen atribuciones de fiscalización por mandato del Congreso, no puedes decirle a una autoridad municipal que haga algo si no quiere”, por lo que aplicar los programas migratorios en los municipios depende de la voluntad de los ediles.
Sin embargo, los municipios no pueden deslindarse de la responsabilidad que tienen en el fenómeno migratorio, como el resto de los tres niveles de gobierno. “El tema migratorio es conveniencia de los municipios también, la gente sale de un municipio porque a lo mejor en ese municipio no hubo oportunidades de desarrollo”, explica Badillo González.
También “es competencia del Estado porque está obligado a garantizar su desarrollo, educación, salud, vivienda, empleo; es competencia del ámbito federal como consecuencia de la Ley General de Población, que hace responsable al Instituto Nacional de Migración (Inami) sobre el tema”.
Sin justificar, agrega que haber solicitado a los municipios la realización del censo era una “utopía o panacea”, pues si bien “lo ideal sería que alguien que va a migrar avisara que se va, por lo menos para orientarlos conforme a la guía del Programa Paisano sobre cuáles son sus derechos y sus obligaciones”.
Pero este no es el único ejemplo de cómo los municipios se deslindan de responsabilidad con los migrantes y sus familias. En la primera etapa del Programa Emergente de Retorno de veracruzanos de zonas fronterizas, conocidos como juarochos, retornaron a sus lugares de origen mil 92 paisanos que radicaban en Ciudad Juárez, Chihuahua; Reynosa, Tamaulipas y Tijuana, Baja California.
Los municipios que recibieron a sus conciudadanos son: Minatitlán (152 personas), Veracruz (126), Poza Rica (78), Coatzacoalcos (63), Cosamaloapan (62), Tres Valles (52), Córdoba (50), Ángel R. Cabada (39), Acayucan (33), Carlos A. Carrillo (33), Boca del Río (29), Cosoleacaque (25), Lerdo de Tejada (23), San Andrés (19), Martínez de la Torre (15), Oteapan (15), Huatusco (14), Tierra Blanca (14), Texistepec (14), Alvarado (13), Orizaba (12), Tlacojalpa (11), Catemaco (11), Totula (10), Mecapayapan (10), Tezonapa (10), Tlalixcoyan (10).
Amatlán, Atoyac y Amatitla, nueve personas en cada uno; Soteapan, Agua Dulce y Jalapa con 8 en cada uno; siete en Moloacán y siete en Hidalgotitlán; Álamo, Isla, Ixmatlahuacán y José Azueta, recibieron seis personas en cada uno; Fortín, La Antigua, Nanchital, Paso de Ovejas y Gutiérrez Zamora, cinco en cada municipio; Comapa, Jesús Carranza y Rodríguez Clara, cuatro en cada uno; Hueyapan, Manlio Fabio Altamirano, Soconusco e Ixtaczoquitlán, tres por municipio y Chacaltiangis, Saltabarranca y Tuxpan, con dos cada uno. Uno en Chinameca, otro en Jamapa, Misantla, Oluta y Medellín.
Todos ellos llegaron en vuelos con fechas de 24 de marzo (141), 31 de marzo (162), 8 de abril (166), 22 de abril (166), 16 de mayo (149) y el resto vía terrestre. Con el Gobierno del Estado se comprometieron varias instituciones para atender la situación de cada uno de los inmigrantes: la Secretaría de Educación de Veracruz, para la reinscripción de niños; el Infonavit para la vivienda, el Seguro Popular para la atención médica, el Instituto Nacional de Empleo para el trabajo y los municipios como facilitadores en los trámites y servicios que les corresponden.
Son estos últimos los que, de acuerdo con la versión de los juarochos, se han desentendido del programa y hasta los tratan como “veracruzanos de segunda”.
Parte de la ayuda que los gobiernos municipales podrían dar a los juarochos, es la condonación del impuesto de traslado de dominio para aquellos que tramitan el cambio de su crédito de vivienda ante el Infonavit. Pero son pocos los que han dado respuesta a los interesados.
La falta de servicios básicos en una comunidad o colonia es parte del conjunto de elementos que motivan a la migración, después de la falta de empleo, y esos servicios primarios, como agua, drenaje, alumbrado público, calles y banquetas pavimentadas, le corresponden a los municipios.
Desmitificar la migración
Dentro del análisis del fenómeno migratorio, Mario Daniel Badillo, director de Asuntos Migratorios, propone desmitificarlo, “es decir, las consecuencias del fenómeno migratorio son graves en términos de desintegración familiar en hogares, donde las que se hacen cargo son las esposas o los hijos, pero también de otra manera esas familias no tendrían modo de subsistir en tres elementos básicos: salud, alimentación y educación”.
De acuerdo con trabajos de la Dirección, se ha identificado que el recurso que reciben las familias de los migrantes, vía las remesas, en primer lugar se destina para la alimentación y en segundo lugar para mejorar la vivienda.
El pasado miércoles 7 de julio se realizó un taller con el personal de la Dirección de Asuntos Migratorios para asignar el Recurso de Apoyo a Migrantes 2010 a cuatro municipios del estado: Yecuatla, Carrillo Puerto, Astacinga y Landero y Coss, que es de 370 mil pesos y se destinará para las viviendas de las familias de esos migrantes a través de la adquisición de láminas de zinc.
En ese sentido, el funcionario reconoce que “hace falta mucho por hacer, lamentablemente México en los últimos tres años ha generado niveles de pobreza atroces, como consecuencia de la crisis económica mundial, como consecuencia de apertura del TLC, del cierre de empresas paraestatales, y tu no puedes decirle a la gente que no se vaya si no le ofreces una alternativa”.
Veracruz, no se escapa de ese contexto. Con municipios apáticos e indiferentes ante el fenómeno migratorio y la dotación de infraestructura pública básica, con instituciones co responsables desvinculadas una de otra, con falta de oportunidades de empleo y bajos salarios, sin una política migratoria, sin leyes que protejan a los migrantes y sus familias, los veracruzanos tienen motivos para seguir emigrando.
Existen estados como Durango, Jalisco y Michoacán, con una historia de migración mayor que Veracruz, que han logrado crear leyes y destinar presupuestos para la atención a migrantes en el extranjero, donde han abierto hasta oficinas de representación en ciudades donde se concentran la mayoría de sus paisanos.
