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miércoles, 5 de mayo de 2010

Discapacidad política, sigue la mata dando

Zona de Tolerancia

Por Rodrigo Vidal


A un mes de cumplirse cinco años de promulgada la Ley de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes del Estado de Veracruz, el Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local, presentó una iniciativa para crear una nueva ley -sí, otra-, que incluirá la creación de la Comisión Estatal para las Personas con Discapacidad.

Esta nueva ley también busca generar equidad de condiciones en los ámbitos sociales, económicos, políticos, laborales, culturales y de toda índole. Pero si la que está vigente lo incluye ¿por qué nadie la acató?

Con base en lo establecido en la ley vigente, hace dos años venció el plazo para que los gobiernos municipales y del Estado impulsaran la construcción de la infraestructura que facilite el tránsito y libre desplazamiento de las personas con discapacidad. Es uno de los planteamientos más importantes de la ley con el que se generarían condiciones favorables para la integración en la vida productiva y educativa de las personas con discapacidad.

En todo momento el argumento de ‘no hay recursos’ valió para justificar que las autoridades, responsables de instituciones escolares, de centros comerciales y demás espacios públicos, incumplieran con la Ley. Total, no existía una sanción para aquellos que la violaran.

El que ahora pretendan crear una ley que contemple una Comisión Estatal para las Personas con Discapacidad, por desgracia no es una garantía del cumplimiento de la misma –sino, ahí está el Instituto Veracruzano de la Mujer, un órgano limitado que fue creado ante la presión social por atender la demanda de las mujeres para el respeto de sus derechos y enfrentar el índice de violencia que aún mantiene el estado, sin embargo el avance es lento, demasiado, por una cultura machista y retrograda de la clase política en Veracruz, que llevó por ejemplo, a hacer una reforma anti aborto, aunque al final tuvieran que recular, eso sin considerar que en materia de violencia hacia las mujeres seguimos a la alza como entidad-.

En un foro reciente, organizado por la Universidad Veracruzana, dos ponentes tocaron el tema del acceso de las personas con discapacidad a la educación. Si bien, la tecnología permitió que Joel García Cobos, con una discapacidad que mantiene paralizado casi todo su cuerpo, terminara su carrera universitaria a distancia y ahora vaya por su maestría, la falta de infraestructura adecuada para que los discapacitados, no solo con problemas motrices, sino visuales, auditivos y demás, les impide prácticamente ingresar a una escuela.

Pero la solución a un problema plantea problemas mayores, pues en la hipótesis de que las personas con discapacidad tuvieran accesos a la educación hasta el nivel universitario, lo que sigue es generar las condiciones para que se integren al ámbito laboral, donde pocos son los que, alejados de prejuicios, contratan a trabajadores con alguna limitación física.

Esto sólo se podrá lograr con voluntad y recursos, pero más con voluntad, algo que las autoridades en estos últimos cinco años, desde que se creó la Ley, no han tenido. Ahora surge la propuesta de promulgar una nueva, con una figura que se supone será vigilante de la aplicación y el respeto a la misma. Ojalá también considere una sanción a las autoridades por el incumplimiento de la nueva ley, sino, seremos testigos más años de la discapacidad de los políticos para hacer bien las cosas.

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(18 de enero de 2010)

martes, 17 de febrero de 2009

Discapacidad Política

Zona de Tolerancia

Por Rodrigo Vidal


Cuatro años se cumplieron ya de que fue promulgada la Ley de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes del Estado de Veracruz, y el año pasado venció el plazo para que los gobiernos municipales y del Estado, impulsaran la construcción de la infraestructura que facilite el tránsito y libre desplazamiento de las personas con discapacidad, que no sólo hace referencia a aquellos con problemas motrices.

Es una pena que en todo este tiempo las autoridades, bajo el argumento siempre de la falta de recursos, sigan violando lo dispuesto en la ley. Las personas con discapacidad que desean ingresar, o ya lo están, en la vida productiva, se enfrentan a una serie de carencias en la infraestructura urbana para moverse con facilidad.

Es más, pareciera que el problema para los discapacitados no son las barreras físicas, sino las mentales de los políticos, funcionarios públicos estatales y municipales, y diputados, que no han encontrado la manera de hacer valer la ley, consiguiendo los recursos necesarios para crear esa infraestructura que le permita lo mismo a un invidente que a una persona en silla de ruedas, transitar en lugares públicos.

Si bien, ningún presupuesto alcanza para todo, pero desde que se publicó la Ley en la Gaceta Oficial del Estado el 11 de febrero de 2005, se estableció un plazo de tres años para adecuar edificios y espacios públicos. Es decir, que tenían tiempo para hacerlo o por lo menos comenzar. Por eso insistiré que no es por falta de recursos, sino por falta de voluntad.

Las autoridades de Poza Rica y del Estado, cacarearon que se consiguió un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, para lo cual se valieron de los discapacitados como bandera, en ese formato ya conocido de explotar la lástima hacia ellos, pero no dan muestras de querer mejorar las condiciones para que puedan moverse libremente en la escuela, en el cine, en las calles, en el parque, en las oficinas de gobierno, en las bibliotecas, en los centros comerciales.

Ahí está la ley. No basta con regalar sillas de ruedas y despensas en procesos electorales. Basta de usarlos siempre para obtener un fin con el que tengan que pararse el cuello. A cuatro años de distancia, la Ley de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes del Estado de Veracruz, parece ser letra muerta, como otras, como todas.

Niños en la calle
De nuevo es fácil identificar a niños en situación de calle o en la calle, trabajando desde limpiaparabrisas, vendedores de chicles y pidiendo limosna. Luego que no digan las autoridades que no se daban cuenta que esto ocurría.

No se necesita que ocurran tragedias, como el de la niña Esmeralda, que era limpiaparabrisas y fue violada y asesinada, para que actúen. Ahí están ahora en las calles, es cuestión de bajarse de los autos oficiales o abrir mejor los ojos.


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miércoles, 26 de noviembre de 2008

Autoridades quieren CRIT, pero no a los discapacitados

El plazo para que los gobiernos municipales y del Estado modifiquen la infraestructura urbana a favor de los discapacitados en Veracruz, venció hace nueve meses. Siguen las autoridades sin respetar la Ley de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes, pero están "muy comprometidos" con una intensa campaña para que se construya en la entidad un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón.
Aquí les dejo la historia.


Por Rodrigo Vidal

Poza Rica, Ver.- El Gobierno del Estado y las autoridades municipales incumplen con la Ley de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes del Estado, pero promueven una campaña intensa para contribuir económicamente con el Teletón, con la finalidad de que la Fundación instale el próximo Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), en Veracruz.

Incluso se llevó hasta el Congreso local, cuyo edificio es de los pocos que se remodelaron con rampas para permitir el acceso sólo de personas con discapacidades motrices, en la que se propone descontar 10 mil pesos al salario de cada diputado local para apoyar el Teletón.

Sin embargo, desde el 11 de febrero del presente año venció el plazo para que los edificios de las dependencias del Gobierno del Estado, Secretarías, Procuraduría, Congreso y las oficinas municipales, y lugares de uso común, hagan las modificaciones estipuladas en la Ley, y que no refiere exclusivamente a rampas para sillas de ruedas.

La Ley de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes del Estado de Veracruz, obliga a los gobiernos estatal y municipales a “impulsar la construcción de infraestructura urbana de carácter público que facilite el tránsito y el libre desplazamiento” de las personas con alguna discapacidad, y la mayoría de los edificios y espacios públicos carecen de la arquitectura adecuada para este fin.

Según la ley, se considera a una persona con discapacidad aquella que “como consecuencia de una o más deficiencias físicas o mentales permanentes, se vean limitadas para realizar por si mismas actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico”.

La Ley, publicada el 11 de febrero de 2005 en la Gaceta Oficial del Estado, establecía un plazo de tres años a los gobiernos para cumplir con la adecuación de sus edificios y espacios públicos, como escuelas y parques, para permitir el tránsito de las personas con discapacidad.

Incluso la Ley de Integración de las Personas con Capacidades Diferentes considera la implementación de autobuses de pasaje acondicionados para el acceso a discapacitados. En el artículo 20, se establece que “el Gobierno del Estado a través de sus dependencias correspondientes, el DIF y los Ayuntamientos en el ámbito de sus competencias promoverán y en su caso, concertarán con los sectores público y privado, las medidas y las acciones tendientes a eliminar las barreras arquitectónicas que impidan o dificulten la movilidad y el tránsito de las personas con capacidades diferentes, debiéndose incluir las siguientes:

Se promoverá que en las zonas urbanas se adapten las aceras, intersecciones, coladeras, paradas de camión y rampas para facilitar la vialidad para las personas con capacidades diferentes; impulsar la construcción de infraestructura urbana de carácter público que facilite el tránsito, el libre desplazamiento y el uso de los espacios reservados, para que puedan disfrutar de los servicios públicos en equidad de circunstancias que cualquier otro habitante.

Impulsar la creación de los lineamientos necesarios para la ejecución de programas de construcción o adaptación de viviendas, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas y de construcción que determinen las autoridades estatales y municipales responsables de los programas de vivienda.

Promover la realización de acciones tendientes a eliminar barreras arquitectónicas exteriores e interiores existentes en los edificios de uso público y privado, y equipamiento urbano. Impulsar la remoción de los anuncios publicitarios y señalamientos viales que impidan el libre transito de las personas con capacidades diferentes. Los lugares y los accesos para personas con capacidades diferentes, tendrán los señalamientos adecuados que determinen la preferencia de su uso.

Las adecuaciones o modificaciones necesarias para facilitar la movilidad, el tránsito y el acceso de las personas con capacidades diferentes incluye a lugares de uso común como estacionamientos, teatros, cines o centros de espectáculos, instituciones educativas y otros semejantes, señala la ley que hasta el momento se viola.

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