martes, 7 de septiembre de 2010

Ser y parecer

Zona de Tolerancia



Rodrigo Vidal

Hace más de dos años que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aprobó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los códigos Civil y de Procedimientos, mediante los cuales se permite el cambio de nombre a la comunidad travesti, transgénero y transexual, que decida hacerlo, en concordancia con el proceso de identidad sexogenérica.

Quiere decir que si Víctor hoy quiere llamarse Victoria, porque además lo parece, pueda hacerlo, obteniendo una nueva acta de nacimiento.

Efectivamente, esa modificación permite obtener una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexogenérica, previa a la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, con lo que las personas adquirirán el reconocimiento de su identidad de género.

Entendamos por identidad de género, a la convicción personal de pertenecer al género masculino o femenino, la cual será inmodificable, involuntaria y puede ser distinta al sexo original –recordemos que “género” es una construcción social-.

En Veracruz, si una persona desea cambiarse de nombre por reasignación de concordancia sexogenérica, aparecerá en las actas de nacimiento que se expidan desde ese momento ambas identidades, por lo que, es necesario modificar el Código Civil del estado para que permita el cambio de nombre a la comunidad travesti, transgénero y transexual, y de las personas que así lo requieran, sin que en la nueva acta aparezcan la identidad actualizada y la identidad anterior.

Muchos Travestis y personas Transgénero tienen que lidiar con burlas y agresiones cuando deben presentar un documento que los identifique y aparece su identidad “masculina” cuando en persona visten femenino, o viceversa.

El Código Civil de Veracruz establece que el cambio de nombre se realiza mediante dos vías: por Notario Público o promoviendo un juicio; luego se da una “inscripción de sentencia”, que es el nombre que recibe el formato en el Registro Civil, donde se transcribe la resolución del Juez y el cambio de nombre.

Y en la nueva acta de nacimiento primigenia se hace una anotación marginal, con base en el Artículo 676 del Código Civil del Estado de Veracruz, sin que aparezca como acta nueva y registrando tanto el nombre anterior como el cambio.

Como la ley establece copia fiel del libro, se tiene que tomar el acta tal cual se encuentra en el libro de registro y agregar la anotación marginal que adecua la realidad pública del registrado.

Es decir, aparecen ambos nombres, generando situaciones de discriminación o que afecten al interesado, tratándose de personas travestis, transgénero o transexuales, ya que siempre aparecerá en el acta de nacimiento la identidad anterior y la nueva.

Algunas personas travestis, trangéneros o transexuales en Veracruz desean hacerse el cambio de nombre, pero no se animan porque la manera en que lo establece el Código Civil, por ello consideran necesario que los legisladores tomen en cuenta una reforma como la que ya opera en el Distrito Federal, desde hace dos años.

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viernes, 3 de septiembre de 2010

¿Gajes del oficio?

Zona de Tolerancia



Rodrigo Vidal

Cuando propusieron incrementar la pena para secuestradores como una medida para contrarrestar el incremento en el número de secuestros en el país, la calificaron de ser una medida populista para acallar los reclamos de familiares de personas secuestradas, pero que no disminuiría en nada el delito.

Le atinaron. El incremento de las penas no puso a temblar al crimen organizado ni le preocupó siquiera… al contrario, la industria del secuestro se diversificó y de los grandes empresarios pasaron a llevarse a políticos prominentes (lease Jefe Diego), y también a los inmigrantes centroamericanos, con los resultados que hoy todos sabemos.

La semana anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer que incrementó a 15 el número de agresiones contra medios de comunicación con la detonación de un vehículo frente a Televisa en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por lo que propuso “concretar acciones conjuntas entre autoridades e informadores que garanticen y protejan el trabajo periodístico”.

Ayer, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, consideró “necesario que México cuente con un marco jurídico que eleve a categoría federal los delitos cometidos contra periodistas”. Según el comunicado del organismo “se requiere introducir una regulación clara en los códigos en materia penal que de certidumbre al gremio periodístico de que la libertad de expresión y de prensa en México no se encuentran sujetas a limitación alguna”.

Cito: “hay que evitar que esas averiguaciones previas se queden en los archivos y garantizar que puedan avanzar para castigar a los responsables, porque los niveles de impunidad en nuestro país son mayores al 98 por ciento, no se terminan las averiguaciones y esto favorece a los delincuentes”.

Como periodista quiero decir que el combate a la impunidad debe beneficiar parejo a todos los ciudadanos, pues el rezago ministerial ocurre en todas las agencias del Ministerio Público, tanto del fuero común como del federal.

También el ombudsman señaló que es fundamental que se defina quién se hará responsable de la llamada alerta de protección para periodistas, es decir ¿ahora quién podrá defendernos? (creí que era el Estado), para “dar atención inmediata de custodia, protección de la identidad o bien de información legal y atención jurídica y de apoyo institucional, en el momento preciso en que lo requiera el comunicador”.

Tomando en cuenta la cantidad de periodistas asesinados y desparecidos desde el año 2000 (64 muertes de comunicadores y 12 desapariciones), si urge en México garantizar el ejercicio periodístico, pero elevar a categoría federal los delitos cometidos contra periodistas creyendo que esa es la solución de nuevo resulta un error.

El Gobierno Federal ha dado muestras de anteponer muchos intereses por “salvar” la relación con varios gobiernos de estados donde la persecución de comunicadores es un ejercicio común.

Muchas de las agresiones, y que no se denuncian, provienen también de los gobiernos estatales. Los obstáculos al ejercicio periodístico son parte de la política de gobernadores para garantizar su permanencia en el poder sin una prensa crítica que le señale errores y abusos (ahí te hablan Fidel).

El Estado se convierte pues, en cómplice de lo que daña al periodismo, ¿entonces cómo pedirle que sea vigilante de los derechos de los comunicadores?

Efectivamente, como lo plantea la CNDH, hay que evitar que las averiguaciones previas –de todas las denuncias en el país- no queden en el archivo, no sólo la de agresiones a periodistas. La solución para unos tiene que ser la solución para todos.

También urge que las “recomendaciones” de la CNDH dejen de serlo y se conviertan en instrumento sancionador para los que incurran, pues las autoridades se han vuelto cómplices (y en ocasiones autores) de los agresores de periodistas.

Urge reformar y renovar el sistema de impartición de justicia en el país, que salgan los jueces, agentes del ministerio público, secretarios, policías corruptos de las corporaciones. Que pague, quien tenga que pagar por el nivel de impunidad que vivimos en el país.

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jueves, 2 de septiembre de 2010

Impermeable el Tribunal Electoral

Transporte privado

Zona de Tolerancia



Rodrigo Vidal

Imaginen la escena: es tarde de aguacero en Xalapa, la joven embarazada viaja en un taxi sobre la calle Rébsamen. Se dirige a su casa en el fraccionamiento Las Fuentes, pero queda atrapada en un embotellamiento. ¿La razón? La lluvia provocó estragos en el camino y el paso fue cerrado.

Varios vehículos comienzan a dar vuelta y regresar. El taxista, impaciente por el tiempo que llevaban en la fila toma una decisión: bajar a su “cliente” porque la carrera ya no le resulta (40 pesos del centro a Las Fuentes), y dejarla a medio camino no sin antes cobrarle lo equivalente al tramo recorrido.

Comienza el debate. ¿El taxista hizo lo correcto? La respuesta del chofer, como muchos más, sería que sí, porque “el tiempo es dinero”. Si no es el concesionario, perder tanto tiempo en el tráfico significa no obtener ganancia para él mismo y correr el riesgo de no ganar ni lo de la gasolina y ni la cuota para el patrón.

La misma pregunta hecha a un pasajero, que somos la mayoría, quizá arroje una respuesta totalmente diferente.

¿Qué dice al respecto el Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz? En su artículo 194 establece que se podrá negar el servicio “aún habiendo pagado el boleto”, cuando el pasajero viaje en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o drogas o que padezcan enfermedad contagiosa (que bien puede ser una gripe común, pero no creo que el embarazo lo sea).

Posteriormente, en el artículo 199 se establece que “cuando se trate de la modalidad de taxi y el conductor detenga la marcha del vehículo a solicitud del usuario, no podrá negarse a solicitar el servicio solicitado” con excepción de lo establecido en el artículo 194.

Es motivo de sanción negarse a otorgar un servicio sin causa justificada y equivale a dos salarios mínimos.

Ahora bien, la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz, en sus artículos 116 y 117 refiere que el transporte público “es aquel que se presta para satisfacer necesidades colectivas” (ojo, no particulares), y “es de utilidad pública y garantizará el traslado de personas” teniendo por características ser “general, permanente, regular, continuo, seguro y eficiente”.

Artículo 116. El servicio de transporte público es aquel que se presta para satisfacer necesidades colectivas, siendo ofrecido a terceros contra el pago de una retribución; corresponde al Estado proporcionarlo, pudiendo otorgarlo por sí mismo o a través de personas físicas o morales mediante concesión otorgada por el Gobernador del Estado, una vez satisfechos los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 117. El servicio de transporte público es de utilidad pública y garantizará el traslado de personas y bienes en las condiciones económicas y sociales más convenientes, debiendo ser general, permanente, regular, continuo, seguro y eficiente, sujeto a la tarifa autorizada de conformidad con esta Ley.

Entiendo pues, que en ningún momento el taxista debió poner como motivo de suspensión del servicio a la mujer embarazada el tráfico provocado por la lluvia. Que el usuario es quien determina el servicio.

Los concesionarios del transporte público, tanto en la modalidad de taxis como de autobuses de pasajeros, dejaron de lado que la concesión otorgada por el Gobierno del Estado es para un bien común antes que un negocio privado, y ese beneficio al usuario es su traslado.

Hoy los concesionarios, y aquellos “postureros” o empleados que subcontratan los concesionarios, han hecho del servicio lo que han querido, ante las narices de las autoridades de la Dirección de Tránsito y Transporte del Estado, por supuesto, con el respaldo de “su” sindicato.

La regla general en ellos es violar la Ley y el Reglamento de Tránsito. Cobran lo que quieren y cuando quieren le aumentan al costo del pasaje. Las calles son suyas, se detiene donde sea, levantan pasaje donde no deben y si quieren dan el servicio a un usuario y sino, no lo dan. Hay algunas ciudades donde existen horarios para cambios de turno de chofer de taxi, y todos coinciden a la misma hora, dejando prácticamente al ciudadano sin servicio.

Con el incremento en el número de taxis, en lugar de mejorar el servicio, empeoró. Ya ni se diga el riesgo y contaminación que representan los autobuses vetustos que aún circulan, pese a las revistas vehiculares de cada año.

El transporte público se ha convertido en negocio privado para beneficio sólo de líderes sindicales, algunos concesionarios y por supuesto para cada una de las delegaciones y la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado, que permite, protege y se beneficia de ello.

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Alcaldes de cuatro años

Quiero y puedo

Zona de Tolerancia



Rodrigo Vidal

A propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Sexual, el próximo 4 de septiembre, encontré un tema que a muchos podrá inquietar, pues generaría doble prejuicio: la sexualidad en las personas con discapacidad.

Pero no tendía que ser así. Sin embargo, como el tema de la sexualidad resulta incómodo para muchos, la sola posibilidad de pensar que las personas con alguna discapacidad tienen derecho a ejercer su sexualidad plenamente y lo hacen, ya suena –y no lo es-, escandaloso.

Durante una visita al Centro de Atención Múltiple (CAM), de Poza Rica, la directora del plantel que capacita a jóvenes con algún tipo de discapacidad para incorporarlos a la vida productiva, comentó que es innegable cuando existe atracción física entre dos jóvenes.

Independientemente del tipo de discapacidad, “la hormona es la hormona” y los jóvenes comienzan a notar el cambio físico en sus cuerpos y a experimentar atracción hacia otras personas, algo que resulta difícil entender a sus padres.

Sin embargo, así como se cuentan las historias de superación, también es posible conocer algunas de parejas de enamorados entre los que ahí asisten. Hubo un caso de unos jóvenes con Síndrome de Down que tenían permiso de sus padres para visitarse e ir juntos al cine; ambos ya hacían planes para casarse.

Tanto los padres como las maestras del CAM comenzaron a involucrarse en la enseñanza sobre sexualidad, para que ambos jóvenes tuvieran la oportunidad de disfrutarse, pero también, como explicaban las docentes, para que identificaran cualquier indicio de abuso sexual y se defendieran.

Por desgracia, este ejemplo no representa la situación de la población con discapacidad que requiere de acceso a información sobre sexualidad. Mucho del material informativo disponible es demasiado “general”, y raramente menciona las cuestiones específicas que pueden ser necesarias, por ejemplo, para una persona con problemas motrices.

A eso le agregamos que son muy pocos los padres y amigos que tienen la experiencia o el conocimiento necesario para brindar consejos o datos sobre el tema, y que vaya más allá de los ridículos mitos sobre el sexo de la gente con discapacidad, que rayan en los extremos, como el creer que los discapacitados no están interesados en el sexo, o que no son capaces de realizarlo o, por el contrario, verlos como gente excesivamente interesada en el sexo y con un comportamiento sexual sin inhibiciones.

Pero la información exacta, y libre de opiniones estereotipadas, debería estar disponible para cada persona con algún tipo de invalidez, para que puedan desarrollar una vida sexual sana.

Alunas organizaciones que trabajan con personas discapacitadas, señalan que “la aplicación de la información para la protección de la salud, también es un componente crítico en la sexualidad de discapacitados, ya que la gente lisiada es a menudo más vulnerable al abuso sexual, y la información para la prevención debería ser fácilmente accesible”.

Es necesario, como en muchos aspectos de la enseñanza de la sexualidad, impedir que el mito asuma el control de la razón, pues significaría exponerlos a las enfermedades de transmisión sexual.

El acceso a los materiales de información es, por lo tanto, muy importante tanto para los discapacitados como para sus familias, sus profesores, sus médicos, y demás personas que puedan proporcionarle información. Hay demasiado en juego como para depender de la información falsa o errónea en éste área.

Se trata de entender, una vez más, que los derechos son para todos, sin exclusión alguna, por lo tanto, el derecho a la sexualidad es inherente a las personas con discapacidad.

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miércoles, 1 de septiembre de 2010

Hablemos de "eso"

Zona de Tolerancia


Rodrigo Vidal

La sexualidad humana sigue siendo un tema tabú, que debe mantenerse bajo llave. Hoy que la ciencia nos lleva a rincones inimaginables del universo y que comprendemos más sobre la formación de los astros y los agujeros negros, no podemos hablar de sexualidad abiertamente.

Queremos ubicar siempre al ejercicio de la sexualidad debajo de unas sábanas y enclaustrado entre cuatro paredes. De esa manera evitamos hablar de erotismo, de pasión, estímulo sexual, de salud reproductiva, derechos sexuales, afecto, placer, clítoris, glande, vagina, pene. ¡Que nos quemen en leña verde!

Sin embargo, es tan importante es la sexualidad en el bienestar de las personas, que muchos problemas se han derivado por la falta de formación. Por esa razón la World Association For Sexual Health (WAS), conmemorará el próximo 4 de septiembre el Día Mundial de la Salud Sexual en 27 países del mundo, incluido México.

Y debemos entender que “la salud sexual es, el bienestar físico, emocional, psicológico, espiritual y social relacionado con la sexualidad” (según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud), y eso va más allá de saber de anticonceptivos y embarazos.

“No es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud”, establece la OMS.

Se trata de comenzar este año y continuar en los posteriores, a reconocer la importancia de la salud sexual en las personas, promoviendo los 11 derechos sexuales impulsados por la Asociación Mundial por la Salud Sexual (WAS), que son:

El derecho a la libertad sexual

El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo

El derecho a la privacidad sexual

El derecho a la equidad sexual

El derecho al placer sexual

El derecho a la expresión sexual emocional

El derecho a la libre asociación sexual

El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables

El derecho a la información basada en el conocimiento científico

El derecho a la educación sexual integral

El derecho a la atención de la salud sexual.
Y estos derechos deben ser inherentes a todo ser humano. Todos debemos gozar de ellos y alcanzarlos es responsabilidad conjunta y su vigilancia debe ser una obligación de las autoridades del Sector Salud.
En estos días, en los que cayeron diluvios de críticas hacia el ejercicio de la sexualidad homosexual, todas basadas en conceptos morales y religiosos, fue necesario un oasis de información basado en el conocimiento científico para normar criterios y puntos de vista.

Por desgracia las propias instituciones de salud en el país están dirigidas por funcionarios que anteponen sus creencias religiosas y morales al conocimiento científico y diseñan políticas “a modo” en materia de educación y salud sexual, que limita a la sexualidad a una función elemental de reproducción.

No hay goce, no se habla de placer, no se habla de emociones ni de afectos, que también son parte de la salud sexual.

PAPÁ Y PAPÁ, Y TRES HIJAS
A continuación, comparto una liga del Concurso de Series Fotográficas, organizado por el Simposio Internacional de Fotografía de Mazatlán: http://bit.ly/df2wtF Es el vínculo de la obra “Papá y papá + 3 hijas = Familia” del artista visual Óscar Sánchez.
Estas fotografías que participan en el concurso, son parte de una serie denominada Familias mexicanas, sobre retratos hechos en la Ciudad de México de las familias homoparentales formadas por gays, lesbianas y trangéneros.
“Familias como la encabezada por Pablo y Emilio -y otras que no caben en el concepto de familia nuclear tradicional- son una opción de vida legítima ahora tutelada por la Constitución que enriquece y amplía los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la identidad personal y sexual, y el pleno respeto a la dignidad humana”, detalla el autor dentro de la ficha de la obra.

Los invito a que entren y vean que existen, tienen rostro este tipo de familias alternativas que tanto han condenado grupos ultraconservadores. Comentarios, quejas y sugerencias, dirigir a: rodrigovp76@gmail.com y en Twitter: @ZonaDtolerancia.

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