Para defender, defenderse

Zona de Tolerancia

Por Rodrigo Vidal


En medio de la inseguridad y la militarización del país, las organizaciones civiles, colectivos, redes, movimientos sociales o personas que defienden sus derechos humanos, quedaron expuestos y son blanco de la delincuencia y del Estado que aprovechó su lucha contra el crimen organizado para legalizar la persecución contra defensores y luchadores sociales.

Diversos informes internacionales exponen la situación de vulnerabilidad en el que han quedado los defensores de derechos humanos: en 2009, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) presentó el informe “Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo”, que recopila hechos de agresión y obstaculización en contra de las y los defensores durante el período de enero de 2006 hasta agosto de 2009 en 10 entidades de la república.

Amnistía Internacional (AI), en el informe “Exigiendo justicia y dignidad. Defensoras y defensores de los derechos humanos en México”, retomó en enero pasado el tema de la persecución a defensores de derechos humanos, y enfatizó la obligación del Estado para proteger a los defensores y defensoras, pero además acusa al mismo Estado de ser cómplice en muchos casos de agresión.

Conforme la inseguridad y la militarización en varias regiones del país avanzan, aumentan los casos de agresión, que van desde amenazas y persecuciones, uso faccioso del derecho, encarcelamiento, tortura, desaparición forzada y otras medidas represivas que atentan contra la propia actividad y dignidad como personas de los luchadores sociales.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó también en marzo un informe sobre los derechos humanos en México: “Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual”.

“En él constata que no sólo quienes realizan actividades organizadas en la defensa y promoción de los derechos humanos son amenazados, sino también quienes en las actuales circunstancias ejercen su derecho a disentir y a oponerse por medios pacíficos a cualquier acto arbitrario de la autoridad, lo que afecta no sólo a las defensoras y defensores de derechos humanos, sino al conjunto de la sociedad”, explica Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Victoria OP, AC México.

Para contrarrestar la ola de agresiones que vulneran la actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos, la organización civil Comité Cerezo México junto con el Centro Fray Francisco, trabajaron en el manual La seguridad en las organizaciones civiles y sociales, que fue una adaptación para México del Manual de protección para defensores de derechos humanos, que editó las Brigadas Internacionales por la Paz (BIP).

En un artículo de Concha Malo, donde explica las razones del manual, expone que “en los últimos tres años, la falta de empleos, el deterioro de los salarios y el quebranto de las condiciones de seguridad social, el abandono del campo, la ausencia de políticas sociales eficaces para combatir la pobreza, la imposición de megaproyectos de supuesto ‘desarrollo’, la criminalización de la protesta social, el incremento de la delincuencia organizada, la militarización y la crisis cada vez más evidente del modelo económico, entre otros, han provocado que más voces tengan que salir a denunciar y a exigir”.

Y retoma los hechos ocurridos el pasado 27 de abril, cuando Bety Cariño, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jyri Antero Jaakkola, defensores de derechos humanos que formaban parte de la primera caravana a San Juan Copala, fueron asesinados por un grupo paramilitar que mantiene sitiado este municipio autónomo en Oaxaca.

“Estos graves casos son parte del cúmulo de agresiones vividas a lo largo y ancho del territorio mexicano, no únicamente por las y los periodistas, sino también por las defensoras y defensores de derechos humanos, lo cual obliga a que éstos, ante la inactividad de las autoridades, comiencen a desarrollar herramientas para defender su propia seguridad y su vida”.

Y reitera, que aunque el manual para la seguridad de los defensores de derechos humanos, es una herramienta práctica y didáctica que ayuda a los luchadores sociales a defenderse, el Estado no debe incumplir con esta obligación.

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