Con orgullo, tének y totonaca

Zona de Tolerancia


Por Rodrigo Vidal

A 21 años de adoptado el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, por la Organización Internacional del Trabajo en la reunión de Ginebra, Suiza de 1989, a la que México se sumó el 3 de agosto de ese mismo año, este sector en nuestro país enfrenta condiciones de marginación, discriminación, persecución y vejaciones jurídico-judiciales.

En México hay alrededor de 14 millones de personas indígenas que requieren de atención y protección, tanto por los índices de pobreza marcados en sus comunidades, por la desaparición de sus fuentes de trabajo debido a la desertificación de sus tierras de cultivo que los obliga a una migración forzada a las ciudades, donde lejos de encontrar mejores oportunidades hayan rechazo y discriminación.

Por los bajos ingresos en los jornales cuando tienen que trabajar las tierras de otros, porque la repartición agraria ya terminó aunque muchos nunca lograron ni un pedazo para vivir; por la negación del Estado a reconocer sus formas de organización y elección de autoridades de acuerdo con sus usos y costumbres.

Porque, a pesar de las celebraciones por el bicentenario del inicio del movimiento de Independencia y el centenario del inicio de la Revolución, donde la lucha indígena tuvo un papel activo, frente a los escenarios de lucha armada, no tienen hoy siquiera una “salpicada” de ese logro independentista o revolucionario: no hay libertad, los extensos jornales con bajos salarios son hoy la nueva forma de esclavitud, no hay tierra, no hay justicia para todos, no hay igualdad, menos fraternidad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a propósito de la celebración del Convenio 169, emite una alerta para que se atienda a “uno de los grupos más vulnerables y menos atendidos en sus demandas”.

En un comunicado precisa que “acceder a la justicia ha sido uno de los factores en los cuales se ha visto más perjudicados los pueblos indígenas, ya que no se respeta su normativa jurídica”, por ello preocupan los casos de indígenas presos en reclusorios de todo el país.

Son los náhuatl, los zapoteca, mixteca, tzotzil, maya, tzetal, totonaca, otomí, tarahumara y mazateco, los grupos étnicos que tienen mayor población en las cárceles del país, principalmente en estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Yucatán y el Distrito Federal, que concentra la mayor población indígena.

La CNDH reporta que mediante el Programa de Gestión de Asuntos sobre Beneficios de Libertad Anticipada analizaron 682 casos y lograron la liberación de 119 indígenas. Apenas una sexta parte.

Pero la agresión recurrente la enfrentan en la calle y a diario. Todavía ser indígena es una agresión para algunos. El nivel de estigma, intolerancia y discriminación es tal, que no se puede tolerar más tomando en cuenta que son la herencia viva de la riqueza cultural que fue el México prehispánico y la sobrevivencia al mestizaje posterior.

El reconocimiento a las culturas antiguas de México no debe quedar en la contemplación de las piedras que se mantienen de pie en las ciudades sagradas como Teotihuacan, El Tajín o Chichen Itzá, testimonio de la grandeza que tuvieron en el pasado las culturas indígenas. El reconocimiento debe ser a la persona viva que conserva su lengua, ritos, danzas, vestido, rasgos, color y orgullo.

Porque de ellos venimos y sin ellos no tenemos rumbo; por nuestro pasado milenario, pero para salvar nuestro futuro, respetemos y hagamos respetar a la persona indígena. Es un reclamo que hago, orgulloso de mi herencia Tének y Totonaca.

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