Discapacidad e incapacidades

Zona de Tolerancia

Por Rodrigo Vidal


Los legisladores veracruzanos mantienen una deuda con las personas que viven con alguna discapacidad, al no aprobar aún el reglamento para aplicar la Ley de Integración de Personas con Discapacidad.

Los esfuerzos que se realicen a través de las 77 unidades básicas de rehabilitación ubicadas a lo largo del estado, del Centro de Rehabilitación Integral de Veracruz (Criver), del Centro de Rehabilitación Integral de Orizaba (CRIO), del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), en Poza Rica y del recién inaugurado Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Veracruz (Creever), quedarán incompletos sin la norma que regule las condiciones para integrar a la sociedad a las personas con discapacidad.

Se requiere que las autoridades municipales y estatales, y legisladores, asuman el compromiso de favorecer las condiciones para que, quienes enfrentan alguna condición de discapacidad, puedan incorporarse a actividades cotidianas como ir a la escuela o al trabajo.

De acuerdo con cifras del DIF estatal, existen alrededor de 40 mil veracruzanos de escasos recursos con alguna discapacidad, que ahora podrán recibir atención en cada uno de los centros de rehabilitación construidos en varias ciudades del estado. Serán niños, mujeres y hombres que tienen la posibilidad de mejorar su estado físico y mental para poder integrarse a la vida productiva.

Sin embargo, afuera de esos centros, hay una sociedad que no da muestras de estar del todo preparada para recibirlos. Son pocas las ciudades que han modificado algunos espacios para permitir el libre acceso de personas con discapacidad motriz a lugares públicos. En el caso de invidentes y débiles visuales la situación es menos favorable.

Xalapa es de las pocas ciudades que ha adaptado en edificios públicos rampas de acceso para personas con discapacidad, pero no en todos los sitios. Existen casos en el norte de Veracruz donde algunas escuelas han rechazado a niños que acuden en sillas de ruedas por carecer de una infraestructura adecuada para que puedan movilizarse, o en el peor de los casos, los aceptan y los confinan a un rincón por tratarse de edificios que en su diseño no consideraron espacios para alumnos con discapacidad.

El reglamento es importante, pero más importante serán las acciones que se tomen para hacerlo valer. Anterior a la ley vigente hubo otra que estableció un plazo de tres años a partir de su publicación en 2005, para que las autoridades del estado y municipales modificaran los espacios públicos que permitieran el libre acceso a las personas con discapacidad. En esos tres años poco se hizo para aplicar el contenido de la ley.

Mi reconocimiento para todas las personas con discapacidad que, con todo y las dificultades físicas que a lo largo de su vida enfrentaron, lograron salir adelante y hoy ocupan un lugar entre la población económicamente activa o concluyeron sus estudios. Si ellos pueden, no entiendo porqué los “normales” o “completos” no. Por eso, cualquier argumento de las autoridades para no aplicar la ley es mero pretexto, muestra de una falta de voluntad y una incurable discapacidad política.

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