Discriminación, por encima de la ley

Zona de Tolerancia
SOS por San Juan Copala

Por Rodrigo Vidal

Una década después de la reforma constitucional que prohíbe toda forma de discriminación en el país, los esfuerzos de las instituciones y de la sociedad civil resultan insuficientes en la lucha para garantizar igualdad de respeto y oportunidades para todos los mexicanos, independientemente de sus condiciones económicas, de género, edad, apariencia, orientación sexual, raza, credo, filiación política, entre otros tantos factores que son motivo de discriminación.

Incluso la misma reforma al artículo 1 de la Constitución Mexicana, en la que “queda prohibida toda discriminación”, se encuentra en debate por la inconformidad vigente de grupos lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual, que piden a los legisladores federales modificar el tercer párrafo para incluir el término “sexual” seguido de la palabra “preferencia”, pues haberlo omitido significó un acto de discriminación.

El texto constitucional dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Por cierto, fue Diego Fernández de Cevallos el principal opositor a que el artículo tuviera el término “preferencia sexual”, y argumentó que por ningún motivo permitiría que la Constitución Mexicana tuviera la palabra “sexual o sexo” dentro de alguno de sus artículos.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, posterior a la reforma de 2001, “se creó en 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como 16 leyes estatales, y se han creado otras 206 leyes federales y estatales para la protección de mujeres y de grupos que viven situaciones de discriminación y exclusión en el país” y México tiene firmados 14 tratados internacionales en la materia.

Entonces, a casi 10 años de prohibir constitucionalmente todo acto de discriminación en México y con las reformas y leyes creadas en varios estados del país para evitar la exclusión de personas por cualquiera de sus condiciones, ¿por qué son frecuentes y constantes los casos de discriminación?

Durante el Foro Regional Armonización legislativa en materia de Igualdad y No Discriminación, que se realiza en Zacatecas, la diputada Claudia Anaya Mota, quien preside la Comisión Especial de no Discriminación de la Cámara de Diputados, dice que “todos discriminamos por distintas razones, porque tenemos un paradigma y cualquier situación que se salga de ese paradigma nos hace intolerantes”.

Romper con esos paradigmas y cultivar el valor de la tolerancia y el respeto es una tarea de todos. Con todo y la existencia de leyes es necesario analizar toda la legislación vigente hasta cerrar el paso a cualquier acto de discriminación, pero también urge reforzar los mecanismos e instituciones encargadas de velar por la aplicación de tales leyes y trabajar en la formación de ciudadanos con alto sentido de respeto y tolerancia hacia lo que nos es diferente.

SOS por Copala
Desde aquí un llamado a las autoridades federales para que actúen en contra de los grupos paramilitares que mantienen cercados a los habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, y que impidió el paso de la segunda caravana de ayuda humanitaria para los habitantes, que trasladaba varias toneladas de alimentos y medicinas a esa región.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de junio. Estamos en espera del regreso de algunos integrantes de esa caravana, entre ellos los miembros del movimiento La Otra Huasteca-Totonacapan, del norte del estado de Veracruz, adheridos a La Otra Campaña.

El municipio autónomo de San Juan Copala emitió este día un comunicado en el que establecen su postura sobre los hechos e informan entre otras cosas que: buscarán la ayuda de la Cruz Roja Internacional para poder ingresar los víveres, que por el momento se mantendrán resguardados en la comunidad de Huajuapan; exigen a la PGR los resultados inmediatos de la investigación de los hechos del 27 de abril, cuando la primera caravana fue atacada a balazos.

También piden el desarme del grupo paramilitar UBISORT, protegido por el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz y políticos ligados al PRI estatal; si no logran entregar en los días posteriores la ayuda humanitaria, convocarán a una nueva caravana integrada sólo por mujeres de todo el país.

El cerco paramilitar en San Juan Copala tiene que romperse y Ulises Ruíz pagar por todo el daño al pueblo de Oaxaca. Comentarios, quejas y sugerencias, escriban aquí y síganos en Twitter: @ZonaDtolerancia.