¿Dónde están los derechos? Parte 3/4

Zona de Tolerancia

Por Rodrigo Vidal

Leyendo información sobre Derechos Humanos, aquí y allá, en la semana topé con notas que confirman lo común que son muchas prácticas violatorias a las garantías de las personas, en todos los ámbitos. Sobre todo, deja más en claro el doble discurso institucional que, por un lado, promueve la defensa de los derechos y por el otro los limita, los extingue o calla cuando son violentados.

Dejavú petrolero
Vamos por partes. La región de Poza Rica, aseguran autoridades (federales, estatales y municipales) y empresarios, se benefició con la llegada de –muchas- compañías contratistas que trabajan para las grandes trasnacionales que realizan la exploración y explotación del proyecto Aceites Terciarios del Golfo (ATG), antes llamado Paleocanal de Chicontepec.

Todos celebran que haya más empresas generando trabajo en la región. Pero nadie se avienta el trompo a la uña de vigilar y sancionar a aquellas que mantienen a su flota laboral en condiciones inhumanas, sin derecho a la seguridad social –por lo tanto evadiendo al IMSS-, sin derecho a prestaciones de ley –como el pago de utilidades, que se tiene que otorgar en este período, por ejemplo-, sin capacitación antes de ejercer el trabajo y con presiones y sanciones para aquellos que se les ocurra exigir el cumplimiento de los mismos.

El caso reciente de la compañía TOP Multiservicios Petroleros SA de CV, es uno de ellos, y que un trabajador se atrevió a denunciar, conciente de las consecuencias que esto le acarreará. Hace poco más de 71 años, situaciones como esta dieron origen a un movimiento obrero en el país que concluyó con la expropiación petrolera y la creación de Petróleos Mexicanos.

Derecho con el sexoservicio
En esta semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (Censida), en conjunto con la Coalición Mexicana de Trabajo Sexual en Acción, denunciaron que la discriminación y la exclusión hacia las sexoservidoras se manifiestan en conductas como detenciones arbitrarias, la negación de servicios médicos y la aplicación de pruebas de detección sin consentimiento informado, así como la violación de la confidencialidad.
Además de destacar que las zonas de tolerancia y las tarjetas de control sanitario no aseguran la protección de la salud de las trabajadoras sexuales, ni de sus clientes, sino que impulsan la corrupción, la extorsión, formas de esclavitud y otras violaciones a los derechos humanos.
Esta discriminación que perciben las sexoservidoras “obstaculiza la prevención de la propagación del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual”; por lo que los organismos manifestaron que ese trabajo merece protección contra delitos como explotación, trata de personas y abusos de la autoridad.

Pidieron también reconocer el 2 de junio como Día Internacional de la Trabajadora Sexual, en recuerdo de las 150 sexoservidoras que en 1975 ocuparon la iglesia de St. Nizier, en Lyon, Francia para protestar por la violencia que sufrían. Y mientas existen autoridades que se empeñan en multarlas, perseguirlas y extorsionarlas, la CNDH, el Conapred y el Censida, consideran que su incorporación en las políticas públicas destinadas a la reglamentación y a la protección de sus derechos fundamentales es clave para fortalecer la respuesta contra el VIH y otros males de transmisión sexual.

Contra las reformas
Y para finalizar con los ejemplos de los derechos violados, esta semana se conformó una organización civil, de nombre Balance, inició con un proyecto para ayudar a las mujeres de los 13 estados de la república donde les han negado el derecho a la interrupción legal del embarazo, para que lo hagan en el Distrito Federal, donde serían canalizadas a los servicios de salud locales.

Esta organización creó el Fondo Aborto para la Justicia Social MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), con el fin de apoyar a la mujer que desee recurrir a los servicios de salud del Distrito Federal en materia de consejería, hospedaje, traslado y acceso al procedimiento en hospitales públicos capitalinos.

Y si entramos en detalles, la lista no terminaría. Pero lo que tienen en común estos tres casos es que son las autoridades las que incumplen vigilar con el respeto a las garantías de las personas violentadas, pero además, son las autoridades quienes persiguen y castigan a quienes abogan por sus derechos.

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