Diversidad sexual, el botín político

Zona de Tolerancia

Por Rodrigo Vidal

El 3 de marzo, bajo el título Diversidad sexual, ¿el PRI multicolor?, comentaba sobre el fenómeno que comenzó con el PRD en el Distrito Federal, y que luego, muchos años después, retomó el PRI en Veracruz, y ahora lo hace también el Partido del Trabajo a nivel nacional, que es el de tomar la bandera (arcoriris), de la diversidad sexual como una estrategia política.

Y aunque se rasguen las vestiduras en afirmar y jurar con la mano en la Biblia que impulsarán la agenda del movimiento lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual, en este preciso momento todo movimiento es altamente sospechoso de ser utilizado políticamente con fines electorales o electoreros, según sea el caso.

El caduco sistema de partidos en México trata de resucitar y tomar oxígeno ahora utilizando la bandera de este movimiento social que lleva más de 30 años en pie, luchando pese a las adversidades, entre ellas el rechazo de los políticos y las políticas públicas que hoy desean incluirlos justo antes de una elección federal, por cierto la más insípida, desangelada, sin propuesta y desacreditada que se recuerde.

Este viernes el Partido del Trabajo firmó un acuerdo nacional para impulsar la agenda del movimiento LGBTI, y aseguran sus representantes que será “durante y después de las elecciones federales del 5 de julio”. En el documento denominado “Compromiso del Partido del Trabajo con el Movimiento Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual”, fue firmado por Manuel Amador, candidato a diputado local por el PT en el Distrito Federal, Jorge Alarcón Álvarez del Castillo, aspirante a legislador federal y Arturo López Cándido, comisionado nacional del PT.

En el texto el PT “refrenda su compromiso formal con las poblaciones LGBTI de nuestro país, por lo que apoyará, a través de las posiciones legislativas que gane con el respaldo popular, todas aquellas propuestas e iniciativas de ley que busquen superar el contexto social de homofobia y discriminación que persiste en nuestra sociedad y en nuestras leyes y reglamentos”.

Es curioso que pese al nivel de coincidencias entre lo que cada uno de estos partidos políticos PRD, PRI y PT, propone en materia del movimiento LGBTI, no haya interés en los congresos locales ni el en federal, de tener en agenda estos temas. Sin embargo, se signan convenios, se crean comités, se nombran candidatos de la “diversidad sexual” de cara a la elección del 5 de julio.

Y por demás incoherente, somos testigos de cómo administraciones públicas, estatales, municipales y la federal, de cualquier extracción partidista, persigue, excluye, ignora, niega justicia, a homosexuales, travestis, transexuales, y demás del colectivo. Incluso los medios de comunicación llegan a ser corresponsables en actos de discriminación, pero dudo mucho que alguien se quiera echar un pleito con las empresas informativas para corregir estas situaciones.

Si, es cierto, es importante que los partidos políticos incluyan en sus agendas políticas el tema de la diversidad sexual. Sin lugar a dudas, pues en un país donde el 9 por ciento de los jóvenes se sienten discriminados por su orientación sexual (según la Encuesta Nacional de Juventud 2005), 15.4 por ciento considera que los homosexuales no deben ser maestros en una escuela y el 14 por ciento le resulta difícil vivir con un familiar homosexual, es necesario esto y más.

Pero quienes llevan años dedicados al activismo para lograr que en México se alcance la igualdad en materia de diversidad sexual, y va incluida la de género, deberán tener cuidado de no caer en el juego de los partidos que, por logar llegar al poder y mantenerse, son capaces de colgarse de los triunfos que la sociedad por sí misma ha alcanzado.

No basta con dejarse convencer con espejitos como el de la Ley de Convivencia, que ya aplica en el Distrito Federal o su similar en Coahuila, en materia de derechos LGBTI, como lo comenté en marzo, los partidos políticos deben plantear la asignación de los beneficios de la seguridad social a las parejas de los derechohabientes, sin importar su orientación sexual.

Es decir, se tienen que hacer cambios a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Ley Federal del Trabajo y a la Ley General de Salud, para incluir a las parejas del mismo sexo como sujetas de los derechos que de cada una se desprenden. Por poner tan sólo un ejemplo.

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