Aborto, la segunda vuelta

Zona de Tolerancia

Por Rodrigo Vidal

Promovidas por grupos conservadores y de ultraderecha, existen leyes que fueron aprobadas en siete estados del país que aniquilan los derechos fundamentales de las mujeres, y la reciente publicación de una Norma Oficial que condiciona la interrupción del embarazo a menores de edad víctimas de violación, termina por completar un cuadro de inequidad y atropello a las garantías de la población femenina en el país.

A diferencia de las reformas promovidas en el Distrito Federal, que ampliaron las causales para la interrupción legal del embarazo, estas leyes en los estados de Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora, criminalizan el aborto, dando personalidad jurídica al producto de la concepción, pero por encima de los derechos de la mujer

En información de las agencias Cimac Noticias (www.cimacnoticias.com) y Notiese (www.notiese.org), se exponen los puntos de vista de dos especialistas: Pedro Morales Aché, fundador del Colegio de Bioética en México y litigante especializado en temas de salud y derechos humanos, y Rafaela Schiavon, directora de la Organización Internacional IPAS México, que coinciden en la preocupación de la creación de leyes y normas que transgreden los derechos de las mexicanas.

El primero refiere a que las reformas en los siete estados, “más que proteger la vida desde la concepción, pretenden desconocer los derechos de las mujeres para que sean de segunda categoría y lo que está en juego es cómo el sistema jurídico mexicano caracteriza a ese sector”.

Asegura que se trata de una estrategia planeada por un grupo reestructurado de abogados de la ultraderecha. En uno de los párrafos señala que “en todas las iniciativas y en las leyes ya aprobadas en ese sentido hay cierta afinidad argumentativa, y tienen que ver con la posición de los ministros conservadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Mientras que para Rafaela Schiavon, el proceso de aprobación y modificación de la NOM-046-SSA2-2005, sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de abril, tuvo un camino similar que las leyes anti aborto en los siete estados, por lo que esta norma la califica como “un éxito parcial para las mujeres”.

¿A qué refiere la NOM-046? Pues fue creada para garantizar la adecuada atención a víctimas de violencia sexual, con opciones de anticoncepción de emergencia, interrupción legal del embarazo (ILE), asesoría jurídica y atención psicológica, a partir de un compromiso del gobierno con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego del caso Paulina, de 13 años, violada en 1999 y como consecuencia embarazada, a quien las autoridades panistas de Baja California negaron la interrupción del embarazo, como estaba previsto en el Código Penal de la entidad.

Pero después de un período de cambios, la norma condiciona la interrupción legal del embarazo de las menores de edad, por eso se publicó ante los señalamientos de organizaciones civiles, pues muchas adolescentes violadas ahora tendrán que contar con la aprobación de sus padres o tutores para interrumpir un embarazo y en no pocas ocasiones el agresor es alguno de éstos.

Todo parece indicar que no se trata de proteger la vida, sino de no reconocer la autonomía de las mujeres. La recomendación de varias organizaciones y abogados, es encontrar el punto en donde no se violen tanto los derechos del producto concebido como el de las mujeres, algo así como evitar las leyes de penalización total contra el aborto o de legalización total al mismo.

En ese sentido, el ejemplo del Distrito Federal, que permite la interrupción del embarazo hasta en 12 semanas de gestación, es uno de ellos.

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