Penal 2

Zona de Tolerancia

Por Rodrigo Vidal

¿Qué garantías hay de que el nuevo penal de Poza Rica cumpla con el objetivo de rehabilitar a los internos que purgan una condena, y permitir con ello su reincersión a la sociedad una vez que salgan? Hasta el momento ninguna.

No sólo por lo prematuro del tema –apenas si se cuenta con el terreno y aún no se realiza el proyecto-, sino porque se trata de hacer una cárcel más grande pero bajo el esquema del sistema penitenciario mexicano, que actualmente deja mucho que desear.

En noviembre hablábamos en esta columna de esta situación. “Las condiciones que prevalecen en los centros penitenciarios son de corrupción de autoridades, compartida con los presos y familiares de internos; de hacinamiento, operación de mafias internas –con el permiso de las direcciones-, que lo mismo controlan la alimentación, el acceso a la salud, las visitas conyugales, mejores celdas, las faenas de limpieza, entre otros aspectos de la “vida” en el penal”, los cuales dudo mucho que se eliminen por completo con sólo construir una cárcel más grande.

La condición del penal de Poza Rica, sin duda alguna, es inaceptable. Es una cárcel “hecha” por necesidad, o al revés, fue hecha cárcel por necesidad. En un principio eran celdas preventivas del cuartel de la Policía Municipal, pero con el tiempo lo transformaron en un penal regional, con espacio para 60 personas (algunos dicen que cuando mucho hasta 120), pero que actualmente alberga a 320 internos de Poza Rica, Coatzintla, Castillo de Teayo y Tihuatlán.

Y la corrupción creció con el hacinamiento. A lo largo de los años y con el paso de diferentes directores, los familiares de los internos denunciaron los cotos de poder en el interior del reclusorio. Las denuncias públicas sobre el pago de prebendas dentro del penal son diversas. Todavía se paga lo mismo para evitar hacer faenas o para sostener relaciones sexuales. El verdadero control se ejerce dentro de las celdas y no en la dirección, donde el funcionario en turno se convierte en cómplice.

Si es así en este penal y en otros más modernos, entonces ¿qué garantías tendremos de que con el nuevo las cosas cambiarán?

Por supuesto que existen ventajas que el ante proyecto prevé. Al tener más espacio en primer lugar se combate el hacinamiento. Se separarán a los internos que purgan condena de aquellos indiciados, que aún no les dictan sentencia. Habrá un espacio para las mujeres, para los talleres, áreas recreativas, para las visitas familiares y conyugales, para la enseñanza y capacitación, y para la atención médica.

Pero, ¿qué hay de la operación del penal? Actualmente ninguna cárcel del país se salva. Todas parecen ser un caldo de cultivo para la ilegalidad, la delincuencia y el delito.
Y qué decir de la condena para los que cometieron un delito, la cual está más al nivel de la venganza que de la rehabilitación de los infractores. Incorporan al delincuente en un sistema de mayor delincuencia y los hacen mejores criminales (o peores, según la perspectiva). Incluso, lejos de aislarlos, bajo el supuesto de alejarlos de la sociedad, les permiten continuar con su carrera delictiva mediante el uso de celulares desde donde se dedican a la extorsión.
Es necesario que junto a la celebración por la creación de un nuevo penal, que se establecerá en medio de las colonias Insurgentes, Valentinas y Petromex, se diseñen las políticas de operación de penal, con miras a enfrentar la corrupción que impera en el actual Cereso, y así reestablecer el fin de rehabilitar a los internos.

Pero ¿qué garantías habrá de que esto ocurra, si las autoridades penitenciarias y municipales se la pasan negando los casos de corrupción que se presentan en el penal de Poza Rica? Por eso, creo que no hay ninguna.

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