Serán las comunidades indígenas las responsables de su aplicación: Apolinar Lozano
Rodrigo Vidal
Xalapa
Sin grandes modificaciones a pesar de someterse a consulta ciudadana, la Ley de los Derechos y Cultura Indígena representa un avance en el estado, aún cuando presenta limitantes, ahora corresponde a las comunidades indígenas de Veracruz aplicarla y proponer las reformas que sean necesarias.
Lo anterior lo consideró Apolinar Lozano, representante de la organización civil Miauaxochitl, que desde hace 10 años desarrolla proyectos en las comunidades indígenas de la huasteca veracruzana.
Para comenzar, era necesaria la reforma al artículo 5º de la constitución local que otorgara personalidad jurídica a la comunidad indígena, pues sin esta reforma la ley reglamentaria no resulta suficiente.
Con todo y ello, “la aprobación de la ley reglamentaria es muy trascendente, el Congreso del Estado se mantiene en la línea de saldar una deuda histórica con las comunidades indígenas”, aunque “lo mejor era una reforma constitucional”.
Pero con la aprobación de la ley, ahora corresponde a las comunidades hacerla valer. “Debemos insistir en que el reto para aplicarse esta reforma está en las comunidades, es diseñar las políticas públicas y proponerlas a los ayuntamientos”.
Sobre todo, tomando en cuenta que la Ley de los Derechos y Cultura Indígena garantiza la autodeterminación, la autonomía o al autogobierno de las comunidades, como se establece en el artículo 2 “en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos, a conservar, revitalizar y desarrollar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales”.
“Habla no sólo de derechos, sino de obligaciones”, sobre todo a nivel comunitario que es como operan el sistema de organización indígena, “no actúan sobre los intereses individuales, sino sobre el bien común”.
Ahora el estado debe garantizar a la población indígena y a sus pueblos la igualdad de condiciones, que las personas no indígenas; que respeten en todo momento sus sistemas normativos, de acuerdo con las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado.
La ley permite “reconocer la existencia y la validez de los sistemas normativos de los pueblos y comunidades de indígenas del Estado de Veracruz, el derecho a resolver controversias y conflictos internos entre sus miembros, mediante la aplicación que sus sistemas normativos realicen las autoridades indígenas, dentro de su jurisdicción y del ámbito de la autonomía que les otorga la Constitución Federal y la del Estado, en el marco de pleno respeto a los derechos humanos”.
Todo esto “implica que depende de las comunidades ponerse las pilas”, por eso esta ley “es muy importante, aunque se aprobara con limitaciones, sobre la marcha las comunidades tendrán que modificarla”.
Con base en el trabajo realizado por Miauaxochitl en casi una década en comunidades indígenas de aquella región, esta organización considera que la reforma debía contemplar el reconocimiento de la Asamblea Comunitaria, otorgar personalidad jurídica a las comunidades, reconocer la existencia de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, reconocerlos como interlocutores válidos ante instituciones, tomar en cuenta a las mujeres indígenas en la asignación de recursos financieros.
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