Zona de Tolerancia
Por Rodrigo Vidal
En los orígenes de la industria petrolera en la región, a la par con el “progreso” (palabra tan gastada hoy en día pues la usan hasta como sinónimo de pavimentación de calles), llegaron muchos de los males sociales que las autoridades de ahora no pueden ni regular ni controlar: alcoholismo, violencia, prostitución, delincuencia, desigualdad social, explotación laboral, por mencionar algunos.
Con el auge petrolero que permite la llegada de compañías contratistas a la región, muchas de estas situaciones que se vivieron a principios del siglo XX se repiten, y si bien, en la ciudad se notan poco (quizá porque se arraigaron tanto, como el alcoholismo, la delincuencia y la prostitución), el cambio del estilo de vida y la dinámica social en las comunidades ubicadas dentro del área que comprende el proyecto Chicontepec o Aceites Terciarios del Golfo (ATG), es más evidente.
En zonas rurales, donde, producto de la industria petrolera resultan comunes los problemas de saqueo, los daños a cultivos y animales, y la contaminación de mantos freáticos y en los ejidos, ahora repunta también el alcoholismo, el sexoservicio, la explotación laboral, la desigualdad social, el daño a caminos y viviendas.
Los habitantes compiten con la industria por la falta de agua. En estos meses de sequía llegó a ser más importante suministrar a compañías que a las comunidades del líquido. Algunos tuvieron que “vender”, bajo engaños, sus tierras para dar paso al “progreso” petrolero (con todo lo que implica), despojándose de la herencia que dejaron sus padres y que no será para sus hijos ni sus nietos.
En ocasiones los medios resaltan más el daño ecológico causado por la industria petrolera en las zonas rurales, pero dejan de lado el daño social que a la larga resulta tan irreversible como un ecocidio.
Lamentable resulta que el Estado, siempre en aras de ese “progreso”, se mantenga distante de estos problemas, pues si los confronta “desalienta la inversión”, ya que tendría que establecer un orden para las compañías trasnacionales y nacionales que trabajan en el proyecto ATG junto con Pemex.
Para el Estado lo importante son “los inversionistas”, el trabajo que traigan consigo esas inversiones, aunque sea un trabajo mal pagado, producto de la explotación de obreros, que laboran bajo condiciones precarias, sin prestaciones, sin seguridad social, por un salario que no equivale al riesgo que implica trabajar en la industria petrolera.
En la Zona de Tolerancia del 19 de mayo explicaba que aunque Pemex incorporó para este proyecto un concepto que denominó Desarrollo Comunitario Sustentable en Chicontepec, existen evidencias de daños a parcelas, tierras para cultivo y ganado, y caminos rurales y urbanizados, en la etapa temprana del proyecto ATG.
Se supondría que con el Desarrollo Comunitario Sustentable, Pemex y las empresas contratistas desarrollarían un modelo basado en “una nueva forma de pensar, planear y hacer las cosas, que contribuye a genera un cambio cultural en Pemex”, y una parte consistió en contar con un diagnóstico socioeconómico y ambiental de los 12 municipios donde se encuentra el proyecto, tanto en Puebla como en Veracruz (ver http://tolerance-zone.blogspot.com/2009/05/oro-negro.html).
Sin embargo, para los pobladores de comunidades donde el trabajo de perforación comenzó desde el año pasado, la situación resultó ser la misma de siempre, la que ya conocen desde antes de la expropiación petrolera de 1938 y posterior a ella. El precio del “progreso” amenaza de nuevo con ser muy alto.
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